Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Si hay un consenso en Chile es la necesidad de mejorar la calidad de la educación, especialmente de los alumnos vulnerables que ven ahí uno de los principales instrumentos para acceder a mejores oportunidades. Una de las críticas que han cruzado la reforma que propone eliminar el lucro, copago y selección en la educación particular subvencionada es precisamente su falta de relación clara con esa necesaria mejora en la calidad.
El país ha venido abordado esta preocupación. Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se aprobó la Ley General de Educación, que con amplio apoyo sentó las bases del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Así, el 2012 entró a operar la Agencia de la Calidad de la Educación, cuyo objetivo es evaluar y orientar el sistema escolar para que mejore la calidad y equidad de las oportunidades educativas. Para ello, considera los resultados de aprendizaje y otros indicadores sobre desarrollo de los alumnos, entregando información a las familias e identificando colegios que requieren apoyo. Para cumplir su labor, la Agencia debe ordenar a los establecimientos; lamentablemente, este proceso que debió empezar el 2014 fue aplazado, dilatando el impacto del sistema de aseguramiento de la calidad.
El esfuerzo del Gobierno debiese estar en potenciar esta nueva institucionalidad y en proponer reformas que tengan real impacto en calidad, como atraer y retener mejores profesores y focalizar el gasto en los alumnos más vulnerables. En cambio, se ha decidido dar prioridad a una reforma que, con la eliminación del copago, resta recursos al sistema y que prohíbe el lucro, identificándolo, a pesar de la evidencia, como un factor determinante en la calidad de una escuela. Por el contrario, en su conjunto las escuelas con fines de lucro registran los mismos resultados que las que no persiguen lucro y además aportan en cobertura e inclusión: atienden al 67% de la matrícula particular subvencionada, en 56 comunas son los únicos subvencionados que existen y atienden al 65% de los alumnos prioritarios del sector. Antes de forzar cambios estructurales se deben esperar los resultados de una política que con esfuerzo y mirada de largo plazo se logró construir.
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