Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Ante la necesidad de atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases, el gobierno, luego de un año de estar enfocado en medidas cuya relación con una mejora en la calidad de la educación era al menos discutible, presentó el esperado proyecto de ley que establece un nuevo sistema de desarrollo profesional docente, con el que se busca potenciar el rol de quien es el actor más relevante en el aprendizaje de los estudiantes.
Dicho proyecto, aunque debe ser perfeccionado y corregido en muchos aspectos, tiene como elemento central uno que es positivo y necesario: establecer una carrera más exigente, con mejores condiciones, pero donde el aumento de las remuneraciones de los profesores esté fundamentalmente asociado a su desempeño, y no sólo al paso del tiempo como sucede actualmente. De esta manera, se busca diseñar una carrera más atractiva y que promueva una mejora constante de quienes ejercen esta profesión y que entregue los incentivos que merecen quienes logran un desempeño destacado.
Esta característica esencial es justamente la que se cuestiona desde el Colegio de Profesores. Por ello, preocupa ver la indebida presión que dicho gremio ejerce para exigir el retiro de la iniciativa, mediante una paralización que afecta a miles de estudiantes y familias, especialmente vulnerables. También es grave ver cómo los parlamentarios, en particular la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, han accedido a paralizar temporalmente este debate legislativo.
Es importante que las autoridades del Ministerio de Educación y los parlamentarios no se distraigan de lo que resulta crucial, que es mejorar el proyecto de ley. Si como resultado de la presión que están ejerciendo algunos grupos específicos se cede en aspectos esenciales, se corre el riesgo de terminar con una ley que, con un alto costo, no avance hacia el objetivo de contar con un sistema de mayor calidad.
No se debe confundir el diálogo y la flexibilidad que se requieren para comprender e incorporar las distintas visiones y por esa vía perfeccionar el proyecto, con una suerte de rendición a un grupo de interés que tiene capturada la voz de los profesores. Cabe recordar que de los 200 mil docentes en Chile, sólo un cuarto está afiliado al Colegio y tiene derecho a voto.
Efectivamente el proyecto debe mejorarse, pero no en la línea de lo que el magisterio ha indicado. Por ejemplo, urge incorporar a la iniciativa una evaluación local del desempeño docente, para de esta manera valorar el trabajo diario de los profesores en la sala de clases y en el contexto particular que significa cada establecimiento educacional. El equipo directivo de cada escuela es quien está en mejor posición para cumplir dicha tarea. Su evaluación debiera tener consecuencias tanto en la remuneración de cada profesor como en su permanencia laboral.
También es preciso revisar la eliminación que propone el proyecto de la posibilidad que profesionales no docentes realicen clases. Estos profesionales han incidido positivamente en los aprendizajes de sus alumnos, son un porcentaje muy limitado respecto al total de profesores y se han concentrado en áreas donde existe déficit de maestros.
Con todo, es necesario tener claridad que en esta discusión la opinión del Colegio de Profesores es importante, sin embargo, no es la única, y lo que debe primar por sobre todo es el objetivo final de esta iniciativa: mejorar la calidad de la educación.