Columna en El Líbero: El AFI y el desdén del gobierno por las universidades privadas

• 23 de Noviembre, 2015

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar.

Las indicaciones que presentó recientemente el Ejecutivo a la glosa presupuestaria de educación superior dejan al descubierto, una vez más, su injustificado favoritismo por un grupo específico de universidades, las del Consejo de Rectores (Cruch), en perjuicio del resto de las instituciones y sus estudiantes.

Con el objetivo de allegar más recursos a la gratuidad y para intentar componer otras discriminaciones que ésta provoca, el gobierno propuso reducir a la mitad el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), fondo que está a disposición de todas las instituciones de educación superior. Sin embargo, aunque esta medida afecta el presupuesto de prácticamente todas las universidades, la autoridad decidió compensar sólo a algunas, sin entregar fundamentos de su arbitraria elección ni tampoco un análisis sobre por qué sería positivo reducir drásticamente este fondo ni del impacto que la redistribución que se hizo de esos recursos tendrá para el sistema educacional.

El Aporte Fiscal Indirecto corresponde a una asignación otorgada de manera anual a aquellas instituciones que entre los matriculados de primer año logren captar a los 27.500 mejores puntajes PSU. Si bien existen ciertas discrepancias respecto de si el actual mecanismo de asignación, al estar basado en el puntaje PSU, lo transforma en un beneficio de carácter regresivo; también hay quienes lo defienden, considerando que su existencia es ventajosa para el sistema de educación superior al incentivar la sana competencia entre las instituciones para atraer a los mejores alumnos, los cuales reconocen la calidad de la institución con su preferencia por ella.

Con todo, si se busca cambiar una política pública determinada lo que corresponde es hacerlo en el marco de un debate serio y abierto, que recoja la opinión de expertos en el área y permita evaluar si se cumplen los objetivos que dicho mecanismo pretende lograr. Por el contrario, impulsar ese cambio en plena discusión del presupuesto y a solo 17 días de la fecha de término para su total tramitación, da cuenta de un alto grado de improvisación que se traduce en políticas inconvenientes y discrecionales.

Considerando la distribución que tuvo el AFI el año pasado, proyectamos que el conjunto de universidades privadas que no forman parte del Consejo de Rectores dejarán de recibir por este concepto más de $3 mil millones aproximadamente. Individualmente, los montos de las pérdidas por universidad superan en algunos casos los $500 millones.

El propio gobierno reconoció el impacto negativo de la rebaja de este fondo y la consecuente necesidad de incorporar mecanismos de compensación, pero la discrecionalidad en la fijación de los criterios para hacerse cargo del problema llama profundamente la atención. En las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, se especificó que las universidades del Consejo de Rectores serían compensadas por los perjuicios que le significarían la rebaja del AFI. En efecto, en las modificaciones a la glosa se establecen aumentos en las asignaciones exclusivas para este grupo de universidades, a través de incrementos en partidas como los fondos basales por desempeño y el convenio marco para universidades estatales. Asimismo, se contempla también una compensación para las universidades privadas fuera del Cruch que cumplan con los requisitos que definió el gobierno y que opten por incorporarse a la gratuidad, las cuales según ha trascendido, serían sólo tres. Ellas podrían acceder a una nueva asignación llamada “Aporte para Fomento de Investigación” que implica distribuir exclusivamente entre estos planteles la suma de $ 2.700 millones, monto que equivale al 85,5% de lo que pierden las universidades privadas fuera del Consejo de Rectores por la rebaja del AFI. Tal como lo dispone el gobierno, el resto de las universidades privadas fuera del Cruch tendrían que asumir la pérdida sin compensación alguna.

Se ha atentado gravemente contra las instituciones privadas que se benefician de esta política pública desde que comenzaron a existir. Esto no sólo porque repentinamente, a mediados de noviembre, se les informa que no podrán disponer de los recursos que tenían contemplados en sus presupuestos y que legítimamente les correspondía como consecuencia de la preferencia de los jóvenes de altos puntajes por esas universidades, sino porque el hecho y la forma en que se fraguó esta decisión es un agravio sin disimulo que simboliza el desdén de un gobierno que pretende ignorar a estas instituciones y el aporte que han significado para el país.

La principal cualidad del AFI es su imparcialidad, ya que permite hace más de 30 años, a todas las universidades acceder en igualdad de condiciones a recursos estatales para su desarrollo institucional. Sin embargo, las indicaciones mencionadas se basan justamente en el principio opuesto. En otras palabras, no hacen más que reflejar la predilección del Ejecutivo hacia un grupo específico de universidades, en perjuicio de parte importante de las instituciones de educación superior. Lo anterior no deja de ser relevante, toda vez que las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores, más las tres privadas que cumplirían los requisitos para acceder a la gratuidad, sólo acogen a un 47% y a un 4% de la matrícula universitaria respectivamente. Por lo tanto, el perjuicio y la exclusión en la que incurre la autoridad afecta a universidades donde estudia la mitad de los alumnos del país.

No es razonable que de un día para otro cambie la lógica del AFI, que permite la existencia de recursos legítimos para todo el sistema de educación superior, ni que se abandone la objetividad del criterio de asignación que resulta fundamental en un sistema que pretenda ser justo.

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