Columna en La Tercera: Saber escuchar
Por Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.
A principios de año, el Ministerio de Educación anunció la eliminación del Simce de lectura para segundo básico; sin embargo, la prueba se mantiene y será rendida en octubre. ¿Qué sucedió? Precipitadamente se anunció un asunto que, para implementarse, debía ser aprobado primero por el Consejo Nacional de Educación (CNED), institución autónoma y de composición transversal llamada a velar de manera prioritaria por la calidad de la educación.
Los argumentos del CNED para rechazar la solicitud del Mineduc de eliminar esta prueba son contundentes, resaltando la importancia de contar con información temprana sobre los aprendizajes de los estudiantes y su utilidad para promover mejoras en las escuelas.
El Consejo Nacional de Educación es pieza fundamental de la institucionalidad vigente que fue fortalecida tras la Ley General de Educación (2009) y que opera como necesario contrapeso a ciertas decisiones del Mineduc, para resguardar que éstas sean consensuadas y fruto de una adecuada reflexión, poniendo siempre los objetivos educacionales por delante de cualquier interés político. Esta lógica, que entiende que para mejorar la calidad de la educación se debe avanzar a través de políticas sustentadas en el conocimiento del sistema, en la evidencia y en consensos que aseguren su estabilidad, debiera primar siempre.
Lamentablemente, el modo en que se han impulsado ciertas medidas se ha caracterizado por insistir en cambios estructurales a todo nivel, haciendo caso omiso a las críticas y alejándonos de la reflexión que exige la discusión educacional.
En educación superior ha sido transversal el rechazo a los lineamientos del gobierno sobre la reforma que pretende presentar. La gratuidad universal, que financiará a estudiantes de familias de altos y bajos ingresos en vez de focalizar los recursos y que implica una fijación de cupos y aranceles, es una política que desconoce la evidencia y ha generado constantes críticas desde todos los sectores: rectores, académicos, parlamentarios de oposición y Nueva Mayoría, estudiantes y ciudadanía en general. Es una reforma que va contra la tendencia mundial, que afecta la calidad, limitando el desarrollo de las instituciones a los recursos que el Estado pueda entregar, y que pretende regular la educación superior de manera similar a como se tratan monopolios naturales y servicios homogéneos como el sanitario, que difiere absolutamente de la diversidad de nuestro sistema educacional.
Pese a todo, sumado a las evidentes restricciones presupuestarias, se sigue planteando que esta reforma es “sin renuncia”. Se pretende enviar un proyecto de ley para reformar estructuralmente la educación superior, basado en un documento que recientemente difundió el Ministerio (“Bases para una reforma al sistema nacional de educación superior”) y que sólo ha recibido críticas, entre las que se incluyen las observaciones del Consejo Nacional de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación.
Es de esperar que prime un debate donde escuchar opiniones distintas no sólo sea un acto de formalidad sin mayores consecuencias, sino un paso fundamental para diseñar las reformas.
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Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
