Columna El Líbero: Educación: ¿Cuánto cuestan las palabras?

• 1 de Julio, 2024

¿Cuántos niños y niñas recibirán una mala educación parvularia (o ni siquiera la recibirán) por la prioridad que el actual Gobierno ha puesto en la educación superior?

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Las palabras importan. Los discursos de las autoridades generan una reacción sobre las decisiones de las personas, modifican la opinión pública y afectan la efectividad de las políticas. Los individuos escuchan las intenciones que las autoridades expresan, las incorporan en sus expectativas y actúan en consecuencia.

Tres ejemplos recientes en la educación chilena ilustran esta afirmación.

El primero de ellos tiene que ver con la insistente promesa del Presidente Boric: condonar todas las deudas educativas asociadas al Crédito con Garantía Estatal (CAE). La elección presidencial del año 2021 y el triunfo del actual Mandatario dotaron de factibilidad política el acto de imprudencia e injusticia que constituiría una condonación. En los tres meses posteriores a la elección del Presidente, 80 mil deudores dejaron de pagar su deuda, elevándose la tasa de morosidad de los egresados en 10 puntos porcentuales (Acción Educar, 2022). En los dos primeros años de Gobierno, la morosidad del CAE ha aumentado aceleradamente, desde un 51,9% en diciembre de 2021 a un 64,1% en el mismo mes de 2023. Después de la reiteración de la promesa de condonación que hizo el Presidente en su Cuenta Pública del año 2023, la morosidad anotó su segundo mayor aumento semestral desde 2018 (+5,9 puntos).

El segundo ejemplo está en la validación de la violencia y el deterioro de las figuras de autoridad que, sin duda alguna, han sido promovidos por sectores políticos cercanos al Ejecutivo. Son estos elementos, junto con discursos contra el mérito académico y la excelencia, los que, durante la última década, han llevado a la ignominia a aquellos establecimientos que solían ser el faro de la nación: los liceos emblemáticos. Hoy no llenan sus cupos, no están en los primeros lugares de las mediciones de calidad, ni representan los valores que formaron la República. No son noticia más que por los overoles blancos y los ocasionales disturbios en el centro de Santiago.

El tercer ejemplo reside en la baja prioridad que representa la urgente reactivación educativa para el Gobierno. Éste parece estar preocupado de atender a sus grupos de interés. Mientras, en 2023, las tutorías de lectoescritura alcanzaron a menos de un 1% de los estudiantes, las denuncias por convivencia llegaron a un máximo histórico (12.637, un 4,9% más que en 2022) y el alumno promedio del sistema presentó inasistencia grave (Acción Educar, 2024). La insuficiencia del Plan de Reactivación Educativa, su tardía implementación, su ausencia en el discurso ministerial y la poca transparencia existente respecto a su efectividad lo dejan claro: esto no es una prioridad para el Gobierno del Presidente Boric.

¿Cuánto cuestan las palabras? Y, más bien, ¿a quién le cuestan? ¿Cuántos niños y niñas recibirán una mala educación parvularia (o ni siquiera la recibirán) por la prioridad que el actual Gobierno ha puesto en la educación superior, en desmedro de los niveles iniciales? ¿Cuántos recursos dejarán de llegar a necesidades urgentes, como una adecuada integración escolar y una educación básica de calidad, porque el Presidente Boric desea perdonar la deuda a quienes hoy gozan de altos ingresos y empleabilidad? ¿Cuántos adolescentes de alto rendimiento no llegarán a la universidad y a un buen desempeño profesional porque ya no existe un liceo que los reciba, cultive y forme en carácter y espíritu de excelencia? Las palabras importan, cuestan y le cuestan a alguien. Hoy, pagan los más vulnerables.