Columna El Líbero: ¿Necesita Chile una red de Centros de Formación Técnica estatales?
Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
En materia de educación superior, uno de los proyectos de ley que se discutirá este año es el que propone la creación de una red de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales con presencia en todas las regiones del país. Según se indica en la iniciativa, que fue enviada al Congreso a fines del año pasado, el objetivo sería descentralizar la oferta educativa y entregar una formación técnica de calidad.
Sin embargo, un repaso a la realidad nacional en este ámbito genera fuertes dudas respecto de la conveniencia de una política de este tipo.
En primer lugar, es discutible que las nuevas instituciones que se creen, por el solo hecho de pertenecer al Estado, tengan una ventaja en entregar una formación de calidad. En efecto, si consideramos la acreditación se observa una gran heterogeneidad entre los CFT que están ligados a universidades del Consejo de Rectores (Cruch), donde se incluyen las estatales, en que hay algunas sin acreditación y otras con siete años de reconocimiento. Dentro de las instituciones ligadas a universidades estatales sólo dos de cinco cuentan con acreditación vigente.
También podemos apreciar que los egresados de los CFT vinculados a universidades estatales muestran los más bajos índices de empleabilidad y remuneraciones comparados con sus pares de CFT e IP privados vinculados o no al Consejo de Rectores. Mientras el ingreso promedio al 4° año de egreso de un alumno de un centro ligado a una universidad pública es de $385 mil, el monto asciende a $597 mil en el caso de una entidad privada asociada al Cruch y a $517 mil en el caso de un CFT o IP privado fuera de dicho Consejo.
En segundo lugar, es factible pensar que instituciones de educación privadas están en una mejor posición para vincularse con el sector productivo de cada una de las regiones del país que las estatales. Lo anterior, considerando la mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado laboral y las restricciones que, en ese mismo ámbito, presenta el sector estatal.
La cobertura actual de este tipo de formación no parece indicar tampoco la necesidad de una red de nuevos centros de formación técnica, ya que son varias las alternativas ligadas al Estado o al Cruch con las que hoy cuentan los estudiantes del país, sin considerar la amplia oferta de instituciones privadas no pertenecientes a ese Consejo (alrededor de 90), algunas de las cuales han alcanzado un importante prestigio y presencia nacional, como por ejemplo el caso de INACAP. Si sólo se consideran los CFT e IP asociados a las universidades del Cruch, se observa que estos se encuentran distribuidos en prácticamente todas las regiones del país (salvo en las regiones XI y XII), e incluso, en muchos casos, estos poseen más de una sede por región.
Al mismo tiempo, cabe recordar que han existido experiencias de CFT de universidades estatales que no han logrado ser sustentables en el tiempo y que deben ser analizadas en profundidad para evitar que se repitan esos casos. Al menos tres CFT ligados a universidades del Estado (Universidad de La Serena, Universidad de Chile y UTEM) cerraron en los últimos años.
El foco, más que en aumentar el número de instituciones por región, debiera estar en generar condiciones sistémicas para el mejor desarrollo de la educación técnica superior. Potenciar una mejor calidad y mayor vinculación con el sector productivo y educación media, así como entregar mayor financiamiento a los estudiantes para que accedan a este tipo de formación, son desafíos importantes y que debieran abordarse. Las becas y créditos que entrega el Estado a los alumnos que estudian estas carreras son menos ventajosos que los beneficios que se le entregan a alumnos que entran a carreras universitarias, en una discriminación que no tiene sentido, especialmente si consideramos que el 53% de la matrícula técnica pertenece a los quintiles de menos recursos.
Finalmente, tomando en cuenta los conocidos déficit que Chile mantiene en educación parvularia y escolar, la inversión fiscal debiera canalizarse en fortalecer las instituciones existentes exigiendo, por ejemplo, que obtengan la acreditación institucional.
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Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
