Columna en Cooperativa: Compromisos en educación escolar: una tarea al debe

• 6 de Mayo, 2024

A fines del año pasado aliviaba el que, durante la discusión de la ley de Presupuestos 2024, se comprometiera la ejecución de un protocolo de acuerdo que, si bien buscaba destrabar la discusión legislativa y no era en absoluto suficiente, establecía una hoja de ruta para la educación del país. Esto ocurría en una crisis cuya máxima expresión fue, en el marco de la implementación de los SLEP, el paro de profesores en Atacama y la consiguiente pérdida de más de 80 días de clases, con evidentes y profundos daños para los estudiantes y sus familias.

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La situación vivida dejó en evidencia que el sistema de educación provista por el Estado, actualmente, no logra garantizar el derecho de los estudiantes a la educación. Esto resalta la apremiante necesidad de fomentar la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, que eviten que los estudiantes pierdan clases o no tengan cupo en el sistema educativo estatal. Se trata de otorgar alternativas para las familias, especialmente en dichas situaciones, y de reforzar el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos.

En virtud de lo anterior, el Gobierno se comprometió a modificar la normativa que traba y frena la creación y aumento de cupos en el sistema particular subvencionado, con el fin de agilizar dicho proceso. Sin embargo, el proyecto presentado no cumple en absoluto con su propósito, ya que carece de mejoras significativas o de incentivos para generar nuevas plazas, lo que aseguraría la libertad de elección por parte de las familias y la diversidad de proyectos educativos en la región.

Por otro lado, el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley que modifica la ley 21.040, para corregir las deficiencias de la Educación Pública. En él también se evidencia la intención de favorecer la educación estatal, en desmedro de la particular subvencionada, al establecer un nuevo artículo que otorga prioridad a la expansión de la oferta pública en territorios determinados como urgentes, sin que se apliquen los plazos y fechas límites para la presentación de solicitudes de reconocimiento oficial o subvención ni de prescripción del derecho a impetrar subvención. Ante la evidencia de no estarse cumpliendo adecuadamente el Protocolo de Acuerdo, en la forma y en el espíritu bajo el cual fuere comprometido -evidenciándose, además, la misma lógica en el proyecto de educación pública-, cobra gran relevancia la iniciativa presentada por un grupo amplio de senadores, quienes en su mayoría conformaban la anterior Comisión de Educación de la Cámara Alta.

La moción parlamentaria busca que se implemente una normativa que efectivamente facilite la creación de nuevos colegios y constituye en la actualidad, la única iniciativa pensada con criterio de realidad, en la cual se pone en el centro a los estudiantes y a sus familias. Según un reciente estudio de Acción Educar, hoy en día 70,1% de las familias prefiere a los colegios particulares subvencionados. Y ello también cobra aún más sentido en circunstancias en que son estos establecimientos los capaces de brindar mayor estabilidad, seguridad y calidad (sólo a modo de ejemplo, pues la calidad no sólo se mide en ello, el Simce da cuenta de mejores resultados para el sistema particular subvencionado).

De lo anterior se desprenden algunas conclusiones y acciones fundamentales. La primera: Es necesario que se exija un efectivo, oportuno y eficaz cumplimiento del protocolo de acuerdo; de lo contrario, se trunca la posibilidad de contar con mejoras reconocidas por todos los actores políticos relevantes como beneficiosas y necesarias para el sistema educativo del país. La segunda: El aumento de vacantes de calidad es una necesidad imperiosa -en abril aún quedaban alrededor de 800 estudiantes a la espera de matrícula-. La tercera: El Ejecutivo debe reconducir su estrategia, atendiendo a las preferencias y necesidades de los estudiantes y de sus familias, y estar realmente dispuesto a promover la educación particular subvencionada. Esto pasa por entenderla como un elemento relevante, necesario y beneficioso de un sistema educativo de calidad, dejando de lado las anteojeras ideológicas que, en tantas ocasiones, han hecho daño al futuro de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

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