Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para habilitar un nuevo proceso con miras a una nueva Constitución, concluyendo así su tramitación legislativa y concretando el acuerdo suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país.
Menos revuelo que el fallido proceso anterior parece haber causado en la ciudadanía, que con un 80 por ciento había puesto sus esperanzas en una nueva Constitución que nos uniera, pero que lamentablemente resultó en un proceso que fue ensuciado por la ideología extrema, egocentrismo, prepotencia, intolerancia, egoísmo, soberbia e intransigencia de la mayoría de aquella Convención Constitucional, que terminó en el estrepitoso fracaso que todos conocemos.
En lo que a educación respecta, pretendieron imponer la supremacía del Estado y no quisieron oír a los millones de padres y madres que defendieron su derecho como primeros educadores y su libertad para poder elegir libremente y en igualdad de condiciones los colegios que fueran de su preferencia de acuerdo a sus valores, ideas y convicciones para educación de sus hijos. Ni nuestra tradición constitucional ni los tratados internacionales fueron freno para aquella avasalladora Convención.
Hoy se da una nueva oportunidad, resguardando de antemano esta vez (dada la experiencia anterior), instituciones y derechos fundamentales en nuestra sociedad, como es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el cual les fue pretendido arrebatar en el infeliz pasado proceso. Por el bien de Chile esperemos que esta vez los expertos, técnicos de admisibilidad y consejeros, estén a la altura.
Ahora bien, mientras todo esto ocurre la crisis educacional por la que atravesamos no da tregua. Ante la increíble pasividad legislativa del Ejecutivo en la materia, necesitamos del esfuerzo de nuestros legisladores más que nunca. En ese contexto, con una cantidad abrumadora de temas y problemas por resolver, es inentendible que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (presidida por una coalición de gobierno) no se aboque hace un mes a la tramitación de absolutamente ningún proyecto de ley.
Audiencias, análisis, oficios, sindicatos que concurren, todos para abordar temas de la mayor de las importancias, sin duda, como por ejemplo los hechos de violencia en los colegios. Pero medidas o soluciones concretas, ninguna.
Previo al proyecto que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación, tramitado hace un mes y medio, la comisión estuvo abocada otro mes y medio al proyecto para restringir el uso de las horas de libre disposición en los colegios, el cual finalmente fue rechazado en la sala, y la cantidad de horas invertidas en él, perdidas. Parecen no querer entender que quitar libertad y autonomía no es el camino.
Una nueva Constitución no soluciona la mayoría de los problemas que enfrentamos como país, mucho menos los educacionales. Es urgente tomar acción desde todos los sectores y desde todas las instancias, sobre todo la legislativa, para poder avanzar en las soluciones que se necesitan. Chile no puede seguir esperando.