Por Pablo Arias, investigador de Acción Educar.
La Ley 21.040, que crea la política de la Nueva Educación Pública (NEP), determina que este año 2021 se debe realizar una evaluación y análisis al proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en los ámbitos administrativos, pedagógicos y de participación, entre otros. A la fecha se encuentran operativos 11 SLEP, que son los encargados de administrar los jardines, escuelas y liceos de 41 comunas. De acuerdo con la normativa, desde el 2022 en adelante se deben crear 15 nuevos SLEP por año, hasta completar los 70 a nivel nacional para el 2025.
A lo anterior se agrega la existencia de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados donde diversos parlamentarios se han manifestado por la falta de participación de las comunidades educativas en los procesos de elaboración de la Estrategia de Nueva Educación Pública y el desconocimiento de los actores de la educación de las implicancias de los SLEP.
En este contexto, desde Acción Educar realizamos un estudio con el objeto de comprender, desde la mirada de distintos actores educativos, los cambios de gobernanza, vinculación y participación generados en los procesos de instalación y ejecución de los SLEP.
Unas de las conclusiones principales fue que el nivel de conocimiento sobre la NEP difiere dependiendo de la función que desempeñan, además que existen ciertas aprensiones y prejuicios sobre el proceso de instalación por parte de algunos directivos de colegios. Esto se explicaría por las malas experiencias de implementación de los primeros SLEP, debido al poco tiempo de instalación, la falta de experiencia y la poca coordinación con municipios; aspectos que se han ido mejorando con las nuevas instalaciones.
En consideración con que la NEP no es solo un mero cambio administrativo sino también un giro a cómo entender y mejorar la educación, desde una mirada contextualizada y acorde a la realidad local de las comunidades, hace que el proceso de instalación de los SLEP sea altamente complejo, paulatino y requiera de una validación y participación constante por parte de las comunidades educativas.
Pese a estos desafíos, los participantes del estudio consideraron que el contexto de la pandemia fue una oportunidad para mejorar y consolidar mecanismos de participación. Además, fue posible observar que existe un sentimiento común de esperanza y anhelo de que la NEP posibilitará mejorar la educación pública, siendo clave para ello la participación de todos los actores educativos.
Los entrevistados del estudio estaban de acuerdo en que, para promover la participación, los funcionarios de los SLEP deben ser cercanos a las comunidades educativas, tener un respeto por las características particulares de los territorios, generar instancias transversales de participación e institucionalizar prácticas que fueron desarrolladas durante el año pasado como webinars, grupos de WhatsApp con centros de apoderados, redes con directivos y docentes, entre otros.
Con todo, es clave que la discusión sobre el avance de la política pública tenga en consideración los esfuerzos que han realizado los SLEP y la Dirección de Educación Pública para mejorar sus procesos de instalación, los aprendizajes que han tomado de los SLEP anteriores, las acciones para acercar a las comunidades y la constante comunicación con los equipos directivos de los establecimientos.
Así, es crucial potenciar la autonomía y capacidad de liderazgo de los directores de escuelas, generar instancias de capacitación a las comunidades educativas sobre la NEP, consolidar las redes creadas y fomentar el número de estudios destinados a evaluar la NEP tomando en consideración las distintas voces de las comunidades educativas. Todo ello permitirá mejorar la confianza de los docentes y asistentes de la educación, reencantar a los apoderados y recuperar el sitial que la educación pública merece.