Por Borja Besa, investigador legislativo de Acción Educar.
Termina otro año legislativo, otro periodo legislativo y otro periodo presidencial; a partir del 11 de marzo tendremos un nuevo Senado, una nueva Cámara de Diputados y un nuevo mandato. Es bueno analizar entonces lo ocurrido legislativamente durante los últimos cuatro años, en lo relativo a un tema tan fundamental como lo es la educación, y cuáles fueron los esfuerzos del saliente gobierno y parlamentarios por mejorarla.
13 fueron los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación abarcando distintos ámbitos y niveles, de los cuales sólo tres vieron la luz y llegaron a convertirse en ley de la República. Curiosamente y a modo de anécdota, dos de los tres proyectos aprobados, dicen relación con beneficios para los profesionales de la educación, dejando tan solo una iniciativa aprobada en estos cuatro años en pos del sistema educativo, la cual ayudó a sobrellevar los números actos de violencia que se estaban dando al interior de los establecimientos educacionales del país. Hay cierto gremio que ejerce una presión importante, equivocando muchas veces el camino.
La mayoría con que contó la oposición en ambas corporaciones se hizo sentir, sobretodo en la Cámara Alta, que fue un verdadero rebotador de iniciativas. Esta negación fue guiada por quien fuera ministra de Educación entre los años 2006 y 2008, hasta su destitución e inhabilitación por la pérdida de 600 millones de dólares que hasta el hoy no aparecen, el Senado se convirtió en una verdadera trinchera, en la cual el sonido ensordecedor de los cañones y el humo, parecieron terminar nublando a muchos, los que aferraron sus bayonetas más fuerte que nunca.
Diversos medios fueron para esto utilizados. Algunos en el papel legítimos -siempre un proyecto puede ser discutido y rechazado-, aunque implicara ir en contra de lo establecido en la propia Constitución, como fue el caso del Kínder obligatorio, y que reflejó la importancia vital que tiene la Carta Fundamental que tanto les ha preocupado. Otras veces optaron simplemente por no tramitar los proyectos. Las urgencias con las que contaron muchos de ellos, nuevamente algo dispuesto en la Constitución, fueron pasadas por alto con una ligereza sorprendente.
Sólo por nombrar algunos: el proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del servicio nacional de menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes; el que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia; el que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial; el que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía; y el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Todas estas iniciativas quedaron a la espera en el Senado, junto con miles de niños, niñas y jóvenes que se beneficiarían de ellos. En la trinchera no hay urgencia que valga.
En marzo habrá algunos nuevos actores, nuevos roles y nuevas posiciones. Y más adelante tal vez hasta nueva Constitución, una que esperamos ahora sí sea respetada. ¿El norte? Uno que debiera ser común y que ponga por delante los intereses del país y de toda la sociedad, en un Senado que esperamos vuelva a ser un lugar ejemplar de diálogo respetuoso y democrático.