Por Francisca Figueroa, investigadora de Acción Educar.
Estonia fue destacado -en una nota reciente de El Mercurio– como el país europeo con los mejores resultados educativos en el último informe de PISA. El excelente desempeño académico se suma a altos índices de satisfacción de sus estudiantes, lo que hace al exsoviético diferenciarse de países como China, Corea y Japón; que si bien destacan por sus resultados académicos, muestran un bajo índice de satisfacción de sus alumnos.
En Chile existe consenso en que la educación es un aspecto central tanto para las familias como para el progreso de la sociedad; sin embargo, no existe el mismo acuerdo en la forma de proveer el acceso y alcanzar la calidad deseada. Si a esto le sumamos el acalorado debate educacional que esperamos presenciar la próxima semana en la Convención Constitucional, interesa dar una mirada no sólo al texto legal supremo de Estonia, que sabemos, muchas veces poco se condice con la realidad, sino también a las políticas públicas que han implementado y que han traído como resultado tan notable desempeño.
El texto constitucional de dicho país proclama la educación como un derecho de toda persona, siendo obligatoria la enseñanza escolar y gratuita la provista por el Estado y los gobiernos locales, pudiendo también establecerse y mantenerse escuelas privadas en conformidad a la ley. Junto con establecer el derecho a recibir educación en idioma estonio (de crucial importancia luego de años perteneciendo a la Unión Soviética que los obligó a impartir clases en ruso), y de la supervisión estatal sobre la enseñanza impartida en establecimientos educacionales, se hace especial mención a que la elección de la educación de los niños la tienen sus padres.
No obstante, como señalamos, el texto constitucional sólo fija un marco de acción, pero los extraordinarios resultados dicen más relación con las políticas públicas implementadas luego del desplome de la Unión Soviética. Como punto de inicio hay que rescatar el hecho de que exista un acuerdo nacional en torno a la educación, guiado por una estrategia de largo plazo. Así, a la “Estrategia de aprendizaje permanente de Estonia 2020”, le siguió rápidamente la “Estrategia de Educación 2021 – 2035”, planes que lejos de estar aislados, se relacionan estrechamente con las estrategias del país para competitividad, el desarrollo sustentable y la seguridad de la República, proclamando como metas de la educación el enfoque de aprendizaje hacia la creatividad y el emprendimiento, el tener profesores motivados y líderes, la relación de los aprendizajes con el futuro del mercado laboral entre otros.
La provisión de educación es descentralizada y mixta, existiendo escuelas estatales, municipales y privadas, pudiendo estas últimas también acceder a financiamiento público, y cobrar un copago en la medida que aseguren que los recursos están siendo bien utilizados, para lo cual resulta crucial la fiscalización por parte del Estado. La decisión de financiar escuelas privadas con fondos públicos fue tomada para aumentar la cantidad de opciones escolares en el sistema educativo.
En efecto, Estonia valora en gran medida no sólo la diversidad de establecimientos, sino también la autonomía con que ellos se desarrollan. Los directores de escuela tienen libertad para formar su propio equipo y la plena responsabilidad por la calidad de la educación, la gestión financiera, el nombramiento y despido de los profesores, la definición de los sueldos de éstos (por sobre una base mínima fija) y las relaciones con la comunidad escolar y el público en general. Los profesores dentro de las escuelas también gozan de amplia autonomía para realizar sus clases, lo que conlleva profesores líderes y motivados.
A todas estas virtudes se suma una fundamental: la baja relación que existe entre los resultados académicos y el estrato socio económico. Aunque la inversión en educación por niño que hace Estonia es mayor que en Chile, es menor al promedio de los países OCDE. Algunas medidas que benefician el aprendizaje es el número de alumnos por profesor. En 2019 la OCDE señaló que en educación primaria el promedio de alumnos por profesor en Estonia era de 12,9. En Chile, en el mismo periodo era 18,6. A su vez, en educación prescolar, Estonia presentó un promedio de 8,2 alumnos por profesor, subiendo en Chile a 22,6.
En esta última variable habría que agregar la importancia que se le asigna a la educación prescolar. En Estonia, si bien no es obligatoria, el Estado la subvenciona (aunque no completamente) y asiste un 94% de los niños de entre 3 y 7 años. En Chile, si bien existe cobertura suficiente en este nivel, la tasa de ausentismo es altísima, lo que demuestra el bajo compromiso con la educación prescolar. El proyecto de ley de Kínder obligatorio fue un intento por revertir esta situación, pero el rechazo parlamentario nos dejó con un mandato constitucional vigente desde el 2013 que no tiene aplicación práctica.
Sin duda, Estonia es un país del cual podemos sacar innumerables lecciones. Esperamos que el debate educacional constitucional esté impregnado por las buenas prácticas de la experiencia comparada y abandone las luchas ideológicas que nos impiden alcanzar un verdadero acuerdo nacional en educación.
Leer columna en El Dínamo.