Por Magdalena Vergara, investigadora de Acción Educar.
A raíz del maltrato a los profesores en el Instituto Nacional, el foco de la discusión pública se ha vuelto a poner en la violencia al interior de las escuelas, evidenciándose el aumento progresivo que ha tenido en los últimos años. Entre 2017 y 2018 las denuncias por maltrato a alumnos y docentes o asistentes de la educación han aumentado 446 y 22 puntos porcentuales respectivamente en lo que llevamos hasta el segundo trimestre.
Actualmente, existen tres proyectos de ley sobre la materia en el Congreso que, si bien introducen regulaciones positivas, como es el caso del cyberbullying, apuntan más bien a tipos específicos de violencia o persona afectada, careciendo de una visión global e integrada sobre el maltrato y la realidad de los colegios. Esto pone en duda su efectividad para dar solución al problema y garantizar la integridad física y psíquica de todos los integrantes de la comunidad educativa.
El clima de convivencia al interior de las escuelas tiene especial importancia, pues afecta directamente la calidad de la educación, siendo uno de los elementos que más inciden en el aprendizaje de los estudiantes, y por lo mismo uno, de los factores más considerados por los padres a la hora de elegir el colegio de sus hijos. En efecto, en el último tiempo se han realizado una serie de reformas y políticas tendientes a mejorar este punto, entre ellas: la obligación de tener un reglamento con procedimientos y actividades que prevengan y pongan fin a la violencia y la incorporación de la percepción de los alumnos, docentes y apoderados sobre el ambiente que se vive en el establecimiento como un nuevo indicador de calidad.
Sin embargo, un reciente estudio a los sostenedores de los establecimientos municipales (Focus 2018), muestra que estas políticas no han pasado de una etapa declarativa. Las razones principales se deben a la falta de herramientas y capacidades técnicas de sostenedores, directivos, y especialmente los encargados de convivencia; para poner en práctica lo requerido por las leyes permitiendo una gestión institucional efectiva en la prevención de la violencia, sumado al desconocimiento de las políticas y a la falta de orientación y de apoyo. Ejemplo de ello, es que sólo un 7,4% de los contratos para asesorías técnicas de apoyo (ATE) se enfocan en convivencia escolar.
Es por esto que los esfuerzos debiesen estar concentrados en dar mayor apoyo técnico y capacitación para la resolución de conflictos y su prevención, junto a una mayor orientación para desarrollar los planes de convivencia escolar, y la entrega de mecanismos de solución prácticos que faciliten los procedimientos y gestión de los establecimientos. En ese sentido, el anuncio del Mineduc que expedita la facultad que tienen los directivos de expulsar a alumnos ante hechos graves de violencia iría en una dirección correcta, ya que da una solución concreta sin complejizar aún más los desafíos que tienen los establecimientos para erradicar la violencia y proteger los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa.