Columna en EL Dínamo: Política educativa en la oscuridad

• 14 de Mayo, 2020

El Ministerio de Educación anunció que este año aplicará el SIMCE, pero que no tendrá consecuencias para las escuelas. Se trata de una buena noticia y una forma de conciliar la necesidad de contar con los datos para generar una política pública con sustento en la realidad y, por otro lado, hacerse cargo de la situación particular por la que estamos atravesando.

Para algunos no es suficiente y claman por la eliminación del SIMCE. Sin embargo, esta solución es ciega a los detalles técnicos de la discusión y, como tal, puede generar un problema más profundo: dejar a la política educativa en la oscuridad.

Por esta razón, es necesario distinguir las críticas al hecho de medir, de las críticas al instrumento de medición o las consecuencias que se le atribuyen a los resultados. Es de esperar que haya acuerdo transversal en que medir es positivo. El desacuerdo sobre el instrumento de medición y las consecuencias de sus resultados no puede desdibujar la certeza que tenemos de que contar con datos para tomar decisiones de política pública es mejor que no contar con ellos.

Con mayor razón debiésemos querer obtener datos de una situación sin precedentes como es la pandemia que estamos viviendo. Tener información sobre qué escuelas implementaron una mejor estrategia de educación a distancia y cómo se ha incorporado el currículo priorizado es sumamente valioso, pues nos permite aprender de esta experiencia y compartir el conocimiento con el resto de la red.

Asimismo, identificar las áreas del aprendizaje en que los estudiantes están más débiles es fundamental para poder entregar apoyo focalizado atendiendo las necesidades que tiene cada escuela en específico. La información para desarrollar estas políticas hechas a medida proviene, en gran parte, del SIMCE.

Es útil recordar que el SIMCE se compone de pruebas estandarizadas, pero también de cuestionarios que permiten entender el contexto educativo, que no tiene impacto en las calificaciones de los estudiantes –ni siquiera es posible acceder al resultado de un alumno en específico– y que, este año, tampoco tiene consecuencias para las escuelas. Se aplica en un día de clases y tiene preguntas que se repiten de año a año, lo que permite comparar los resultados en el tiempo. Además, es una prueba técnicamente sólida como ha declarado el “Equipo de Tarea” conformado para evaluarla en 2014, según explica el Plan de Evaluaciones 2016-2020.

Desde la Agencia de Calidad de la Educación se ha dejado claro que “el SIMCE se aplicará cuidando todas las condiciones y requisitos sanitarios que haya establecido la autoridad en cada uno de los establecimientos”. Asimismo, se eliminaron las consecuencias para las escuelas, con lo cual el agobio que se podría generar a los estudiantes, queda neutralizado. Estas medidas son críticas para cuidar el equilibrio entre el costo de medir y el valor de los datos recolectados.

Aún quedan detalles pendientes que vale la pena discutir, pero deberíamos hacerlo cuando tengamos una idea más clara del escenario que enfrentaremos al momento de aplicar esta prueba. Lo realmente relevante es que, en esa conversación, no perdamos de vista que medir y evaluar es fundamental para hacer política pública.

Por: Tania Villarroel, investigadora senior Acción Educar.

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