Columna en El Dínamo: ¿Qué es educación pública?

• 29 de Octubre, 2020

Por Tania Villarroel, investigadora senior de Acción Educar.

La pregunta sobre qué significa que algo sea público o privado tiene larga data y su respuesta ha sido desarrollada con extraordinaria profundidad teórica por diversos autores. Sin embargo, la riqueza de este desarrollo doctrinario no ha logrado permear suficientemente el uso práctico de esta distinción. Sobre todo en educación, se suele caer en clasificar establecimientos como públicos o privados, sin considerar que no se trata de una pregunta fácil. Caemos en restringir el análisis a una búsqueda de blancos o negros donde, en realidad, hay una escala de grises.

Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la tramitación del proyecto de ley de presupuesto de la nación. En varias oportunidades se ha sostenido la necesidad de defender la educación pública, lo que genera acuerdo transversal. No obstante, este argumento ha sido utilizado de manera errática.

Por un lado, en defensa de la educación pública se desprende del debate que se exigen mayores recursos para los establecimientos educacionales municipales o para los Servicios Locales de Educación Pública, en desmedro de los establecimientos particulares subvencionados.

Por el otro, el mismo argumento ha sido utilizado para demandar que las universidades privadas pertenecientes al Cruch, también llamadas públicas no estatales o del G9, no se vean obligadas a competir por ciertos recursos con las otras instituciones privadas.

Lo que llama la atención es que tanto las escuelas particulares subvencionadas como las universidades en cuestión pertenecen a organizaciones privadas sin fines de lucro. Otra semejanza es que ambas reciben recursos del Estado. Entonces, ¿por qué las escuelas particulares subvencionadas son consideradas privadas y las universidades del G9 son consideradas públicas, para efectos de la discusión del presupuesto?

Lo anterior denota dos cosas: en primer lugar, que existe acuerdo en que no se requiere que el dueño de un establecimiento educacional sea el Estado para considerar a una institución como de educación pública. La segunda, que necesitamos que la discusión teórica sobre lo público y lo privado permee a la discusión legislativa sobre el tema, para tener una visión clara como país, centrándonos en las condiciones en las que se entrega la educación más que en el administrador.

Obviamente la educación superior y la educación escolar tienen particularidades que hacen que la comparación entre colegios particulares subvencionados y universidades del G9 sea una simplificación en sí misma. Con todo, sirve para dar cuenta de las dificultades de tratar el tema en términos binarios y las incoherencias que se pueden producir en el sistema cuando se lleva al plano práctico. Por lo mismo, es fundamental generar un debate profundo sobre lo público y lo privado; y, sobre todo, concientizar sobre la relevancia de que las decisiones legislativas tomen en consideración la complejidad de esta distinción.

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