Columna en El Divisadero de Aysén: Educación parvularia: problemas de fondo

• 29 de Mayo, 2024

Desde su inicio, la educación parvularia chilena ha contado con una institucionalidad fragmentada y medidas provisionales que no han logrado atender plenamente sus problemas de fondo. Como resultado, hoy existe un trato desigual para jardines infantiles que atienden a niños y niñas de características socioeconómicas similares –el 60% más vulnerable del país–. Considerando el notable impacto de la educación inicial en el desarrollo personal y social, se hace cada vez más urgente abordar los desafíos del sistema de manera directa.

Recientemente, el Gobierno ingresó un proyecto de ley sobre educación parvularia. Este está generalmente orientado a flexibilizar los estándares de calidad exigidos a los establecimientos para que el Estado reconozca su labor (el Reconocimiento Oficial o R.O.). Específicamente, el proyecto: (i) posterga por 10 años el plazo de obtención del R.O. para los centros educativos, sin una justificación clara para ello; (ii) ofrece una nueva vía de acceso al R.O. para las modalidades alternativas de jardines infantiles, la cual no cuenta con requisitos de infraestructura concretos; y (iii) crea un nuevo artículo en la Ley General de Educación, que exime a todo establecimiento de educación parvularia de cumplir con las normas de general aplicación en infraestructura, mientras se acredite que esto se debe a aspectos geográficos de la zona.

Lo anterior no solo podría comprometer la calidad del sistema, al rebajar la exigencia de los requisitos para la oferta educativa en parvularia. Además, podría llevar a que se reconozcan centros educativos en condiciones de riesgo físico o sanitario.

Adicionalmente, el proyecto contempla la creación de un registro de información general del nivel parvulario. Esto es especialmente valioso para el sector, dada la escasa información con la que se cuenta actualmente. Sin embargo, estos datos no serán de uso público, por lo que difícilmente podrán informar la discusión de política pública.

Incluso ignorando las potenciales implicancias negativas del proyecto de ley, este deja de manifiesto la desconexión entre el Gobierno y los problemas de fondo de la educación parvularia. Entre 2017 y 2022, disminuyó la valoración de los apoderados por el nivel, y, por primera vez en 30 años disminuyó la cobertura. En 2023, el 10,9% de la matrícula de prekínder y kínder perdió más de la mitad del año escolar. Para el Presupuesto Nacional de 2024, se recortaron los aportes estatales para la Junji y para la Fundación Integra.

A esto se suman inequidades arbitrarias en el financiamiento de los centros educativos, un déficit en la cantidad de educadoras de párvulo y desigualdades remuneracionales entre los trabajadores. Ante estos aspectos críticos, las autoridades han publicado orientaciones y se han desplegado en mesas de trabajo, de las cuales aún no surgen propuestas o plazos claros.

Cuesta entender que, en tal contexto, el Ejecutivo haya preferido impulsar una iniciativa que podría mermar la calidad de la educación que reciben los niños y niñas, en lugar de ejecutar políticas claras para atraer estudiantes al aula; establecer un sistema de financiamiento equitativo, que no favorezca a un sostenedor por sobre otro; y robustecer el sistema, de forma que la mayor cantidad de niños pueda asistir a una educación inicial de calidad.