Columna en El Líbero: CNA; La calidad en riesgo

• 25 de Abril, 2019

Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

El aseguramiento de la calidad fue un eje central en la discusión de la Ley de Educación Superior. Así lo reflejó elocuentemente el mensaje del proyecto: era necesario robustecer el sistema pues “sin calidad la educación superior no cumple las expectativas de la sociedad y vulnera la fe puesta en ella por las familias”. Inquietud que se tradujo en una mayor regulación y una serie de cambios en la nueva normativa. Sin embargo, la discusión acelerada y poco prolija de la ley ha generado una serie de consecuencias que han debido de ser asumidas por este gobierno y que finalmente ponen en jaque el futuro de nuestro sistema.

La preocupación respecto a lo que ocurre es fundada, pues aún no hay claridad sobre cómo será la implementación de todos los cambios que conlleva la ley. Por ejemplo, al corto plazo esta última no establece una transitoriedad que permita la adaptación por parte de las instituciones a las nuevas reglas que se establecen. Si bien actualmente se tramita en el Congreso una ley corta que corrige algunos de estos errores, como dar fecha de entrada en vigencia para la acreditación de los doctorados y aumentar el plazo de elaboración de los nuevos criterios y estándares de calidad, existen otros problemas que persisten.

Actualmente los nuevos estándares y criterios de calidad que se están elaborando se encuentran en consulta técnica en las instituciones y es justamente aquí donde debiera estar centrado el debate, dado que precisamente éstos serán la base que definirá como será nuestra educación superior. En la medida que las casas de estudio se vayan adaptando para darles cumplimento se irá configurando el sistema, derivando así en uno diverso que comprenda los distintos proyectos educativos o uno uniforme que exija, sin distinción de trayectoria ni complejidad, los mismos requisitos para todas. Por ello es esencial que su elaboración se dé dentro de una discusión seria y abierta.

Con todo, el panorama no parece propiciar las condiciones para ello. La situación en que se encuentra la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) solo provoca más incertidumbre. Hoy por hoy la CNA sólo la conforman la mitad de sus miembros, mientras se espera que el Senado ratifique los nombres que le ha propuesto el Ejecutivo hace ya más de un mes. Esto ha impedido que se conforme la nueva comisión tal como lo ordena la ley y, en consecuencia, no ha podido asumir sus funciones como corresponde. Ello es preocupante pues, el reducido quorum con el que opera acrecienta el sesgo con que son tomadas las decisiones y por tanto la legitimidad de los procesos que se están llevando a cabo.

A lo anterior se agrega la pesada carga que le otorga la ley a la nueva CNA. Para el 1 de enero del año 2020, dentro de ocho meses, todas las instituciones deberán estar acreditadas; además se suman los procesos de acreditación de las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología; y los doctorados. Es cuestionable la posibilidad de cumplir con los plazos y la prolijidad de cómo se desarrollen estos procesos y, al mismo tiempo, inquieta que la premura de esto signifique desatender tareas como la elaboración de los criterios.

La injustificada espera del Senado no hará más que desprestigiar la CNA. Es de esperar que le dé la urgencia que corresponde a la conformación del organismo, pues se está poniendo en juego el futuro y calidad de la educación superior.

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