Columna en El Líbero: Cómo identificar falsas promesas

• 27 de Febrero, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Las elecciones presidenciales marcarán el debate durante este 2017 y, con ello, veremos surgir las promesas que adornan las respectivas campañas y que para bien o para mal terminan por servirles de sustento. La experiencia de las últimas elecciones obliga a ser cautelosos en esta materia; mientas la candidata que resultó triunfante fundó su programa de gobierno en una promesa que sabía que no podía cumplir, su contendora no fue capaz de desenmascararla y los chilenos solo vieron crecer sus expectativas. La ciudadanía se dejó llevar por la consigna hipnótica de la gratuidad en educación superior y cuando recuperó su plena consciencia ya era demasiado tarde.

Lo razonable es exigir de los candidatos un mínimo de seriedad que se traduzca en programas de gobierno que asuman las restricciones económicas del país y que sean coherentes con un modelo de sociedad libre y diversa. Con todo, corresponde a los propios electores saber distinguir los elementos que hacen que un proyecto sea más o menos serio. A continuación, algunas sugerencias.

Al igual que con las estafas piramidales, donde los expertos recomiendan no dejarse llevar por alternativas de inversión que aseguran rentabilidades muy por sobre el mercado, en el caso de las políticas públicas conviene dudar de aquellas propuestas que ofrecen soluciones poco elaboradas a problemas de alta complejidad. La idea es saber identificar que un eslogan es una expresión que de manera muy simple da cuenta de un anhelo y, al mismo tiempo, hace de la misma esperanza una solución. La “educación gratuita y de calidad para todos” es un buen ejemplo. El punto es que las consignas son instrumentos de marketing político que permiten comunicar de manera sencilla un determinado objetivo, pero bajo ninguna circunstancia deben confundirse con las medidas a implementar. De muestra un botón: corre el último año de Gobierno y las autoridades no han logrado la aprobación ni siquiera en general del proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación superior.

En la misma línea, hay que dudar también de aquellas propuestas que tienen en su alto costo el principal obstáculo para su implementación. La gratuidad universal es, de nuevo, un buen ejemplo. Al margen de los efectos negativos que esa política tiene para el desarrollo del sistema educacional, es evidente que su implementación es prácticamente imposible por el costo que implica para el país. El hecho de que no se haya propuesto seriamente antes, que países ricos como Australia e Inglaterra la hayan abandonado, o bien que solo tres países de la OCDE basen su educación superior en ese modelo debiese decirnos algo. La Presidenta Bachelet prometió gratuidad universal en seis años, pero presentó un proyecto de ley que no determina los plazos para que se concrete, al punto que los cálculos más conservadores permiten señalar que existen más probabilidades de que el hombre llegue al planeta Marte antes que Chile tenga la prometida gratuidad universal.

Por último, es fundamental cuestionar las propuestas de los candidatos e identificar con claridad los efectos que sus promesas tendrán en la sociedad. Quienes promovemos una sociedad basada en la confianza, la libre iniciativa y el respeto por la diversidad debemos estar atentos ante cualquier iniciativa que ponga en juego esos componentes, por muy atractiva que parezca la oferta.

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