Columna en El Líbero: Desconectados

• 30 de Abril, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Las recientes declaraciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) merecen un análisis.

Hace algunos días, los rectores solicitaron públicamente al Ministerio de Educación hacerse cargo de un problema derivado de la aplicación de la política de gratuidad. Al igual que la mayoría de los estudiantes de educación superior, los beneficiados por la gratuidad se atrasan en sus mallas curriculares. El problema es que el beneficio sólo aplica para la duración formal de la carrera, es decir, lo que ésta dura en el papel, usualmente cinco años. Si el estudiante se atrasa, debe pagar arancel.

Sorprende que justo ahora, después de tres años de aplicación de la política de gratuidad y habiendo cambiado el gobierno y Congreso que la diseñaron -por tanto, responsables de la política-, se solicite una modificación. La sobreduración de las carreras es un dato de la causa, casi una característica propia de nuestro sistema, que está identificada y cuantificada hace mucho tiempo. Los rectores sabían esto desde 2015, pero deciden priorizarlo hoy y piden una solución para estos estudiantes.

Días después, el Cruch hizo ver al gobierno que su proyecto de ampliación de la gratuidad para estudiantes técnicos de los IP y CFT no incluía a sus propios estudiantes técnicos, lo que podía ser visto como una discriminación arbitraria y que, en consecuencia, debía ampliarse para ellos.

Es razonable, sin duda, pero llama la atención el momento. Sobre todo, porque se trata de una institución que ha bregado públicamente por sostener una discriminación arbitraria vergonzosa: la diferencia sistemática en el trato y el financiamiento estatal entre universidades creadas antes y después de 1981. No los hemos oído hablar de la discriminación que sufren los estudiantes de universidades privadas, que tienen peores becas, peores créditos subsidiados y cuyas instituciones no reciben fondos del Estado. Para una agrupación que ha estado dispuesta a defender lo indefendible -privilegios históricos otorgados a dedo por un gobierno dictatorial-, es claramente innovador que se haya abrazado ahora esta lucha contra la discriminación arbitraria.

¿Qué tienen en común estas solicitudes? Que para solucionarse se necesitan más recursos de todos los contribuyentes en beneficio de las mismas instituciones del Cruch, sin nada nuevo a cambio, sin que deban competir por ellos ni hacer una rendición de cuentas adicional. ¿Hasta qué punto se puede tolerar esta cultura de saco roto?

La respuesta es fácil: hasta que se acaba la plata. Por esto, la desconexión del Cruch con la realidad nacional es preocupante: el ministro de Hacienda recientemente debió volver a insistir en una política de austeridad fiscal, dado que el gobierno anterior comprometió un gasto de US$ 1.561 millones que no está financiado. Las necesidades de grupos mucho más prioritarios que los estudiantes universitarios (y ciertamente más que el Consejo) —escolares, estudiantes TP, niños vulnerados, adultos mayores, entre otros— no parecen ser preocupación de quienes van a pasar el sombrero y raspar la olla hasta que no quede nada.

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