Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
Hace falta educación. No cabe duda. A pesar de ello, no ha sido protagonista del malestar social que se ha manifestado durante el último mes. Lo que hemos observado en la materia se refiere al financiamiento de la educación superior y la posibilidad de condonación del CAE. Sin desmerecer el agobio que viven algunos estudiantes producto del sobreendeudamiento, la discusión se ha restringido una vez más en las consignas de la educación superior estatal y gratuita, dejando pasar de manera desapercibida las problemáticas del nivel escolar y parvulario, precisamente donde es más necesaria la reflexión para generar los cambios sociales que esperamos en justicia y equidad.
Hemos sido testigos de una profunda desconexión entre la política y la educación durante muchos años, lo que se ve reflejado en la incapacidad que han tenido los gobiernos para lograr acuerdos que permitan avanzar en mejoras con foco en los procesos de aprendizaje. En su lugar, las grandes modificaciones del último tiempo han tenido que ver con cambios institucionales o estructurales que, si bien buscaban atender problemas reales, no fueron capaces de hacerse cargo de la calidad ni de mejorar la formación de los estudiantes. Muestra de ello son los resultados tanto del Simce como de la prueba PISA que recientemente conocimos.
Hemos visto un Congreso desconectado de las prácticas que buscan mejoras en las escuelas, con mociones que pasan a llevar la labor docente y el poco trabajo que se ha llevado adelante para fortalecer a los directores y entregar mayores rangos de autonomía a los establecimientos. Factores indispensables para avanzar en calidad. Desconectado, también, de la inequidad que se vive a nivel preescolar. En palabras vacías ha quedado la relevancia de la educación inicial, cuestión que se plasma en la discusión que se ha llevado hasta el momento en la tramitación de los proyectos de ley, como el rechazo al subsidio para los niveles medios que permitía equiparar la situación de los niños, y la no aprobación por parte de la Comisión de Educación del Senado al aumento de mujeres con derecho a sala cuna, que mejoraría el acceso y cobertura en la primera infancia. Por supuesto, que ambas iniciativas necesitan mejoras, pero los intereses políticos primaron, más que la educación.
La desconexión se vive también desde la sociedad. La educación ha sido la moneda de cambio de grupos que vulneran el derecho de los niños. Se han invisibilizado las consecuencias negativas que traen los paros y las manifestaciones por la pérdida de clases, como también la enseñanza que ello significa para los valores democráticos y cívicos que se forman desde la escuela. No hemos atendido a los problemas de violencia y consumo de drogas que se vive en muchos establecimientos, ni la ausencia de los padres en la educación de sus hijos.
El compromiso con la educación es urgente. Es el Mineduc quien debe tomar el liderazgo y poner la agenda sobre la mesa, con políticas que generen consensos que tengan en cuenta la evidencia y pongan el foco en los aprendizajes. Para ello se deberá dejar la política de trincheras para enfocarse en la calidad. Una buena forma de comenzar será la estrategia de educación pública a la que el Consejo Nacional de Educación acaba de hacer observaciones, para proponer mediante ésta una ruta potente y que convoque a todos los actores de la educación.