Columna en El Líbero: Educación o ingeniería social; ¿Cuál es la prioridad?

• 6 de Marzo, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Iniciado su último año de gobierno, la Presidenta Bachelet anunció que marzo sería “el mes de la educación”, lo que se traduce en concreto en acelerar la tramitación de los proyectos de ley sobre la materia actualmente en el Congreso. No hay duda de que el tema es fundamental y parece correcto que se ponga como prioridad de las autoridades, pero no es tan claro que el objetivo se cumpla poniéndole el acelerador a proyectos de ley cuyo impacto en la calidad de la educación es dudoso y que no logran convencer ni siquiera a los parlamentarios del conglomerado de Gobierno.

La verdad es que el énfasis de La Moneda está marcado por las transformaciones sociales que busca concretar mediante cambios profundos al sistema educacional, algo que no es necesariamente lo mismo que preocuparse por la educación. Las modificaciones anunciadas al proyecto de educación superior no alteran la esencia de la iniciativa y, por ende, se confirman el control estatal y la gratuidad universal como los principales ejes de la reforma en curso, lo que limita los espacios de autonomía de las instituciones y de libertad de elección a los individuos, además de condicionar el desarrollo futuro del sistema a las restricciones económicas del Fisco. Lo anterior es coherente con el discurso de “derechos sociales” que ha marcado la agenda del Gobierno y en cuya difusión ha puesto los esfuerzos.

Lo que se omite es que la educación como un derecho social en los términos en que se ha propuesto es incompatible con aspectos esenciales de un sistema libre. En efecto, lo que caracteriza la idea de derecho social que el Gobierno promueve es fundamentalmente el acceso universal y gratuito a un determinado servicio, pero condicionado a la provisión única del mismo, bajo un modelo en cual el sujeto de derecho no tiene influencia alguna. Así, el ideal de diversidad de proyectos educativos es incompatible con un régimen efectivo de derechos sociales, como también lo es la posibilidad de escoger entre distintos modelos de acuerdo a las legítimas preferencias de cada individuo. La tómbola para seleccionar alumnos, la marginación de un determinado grupo de sostenedores del sistema o la eliminación del copago —todo en el mundo escolar— son precisamente instrumentos que limitan la diversidad y restringen la posibilidad de las familias de decidir en el ámbito educacional.

Con la gratuidad universal en la educación superior ocurre lo mismo. Se propone reemplazar los aportes privados por recursos fiscales, fijando los precios de los aranceles y, por esa vía, desfinanciando el sistema universitario, lo que dificulta el surgimiento de proyectos alternativos. Ya no serán los estudiantes quienes reciban apoyo del Estado para escoger dónde estudiar, sino que las instituciones recibirán recursos condicionadas al cumplimiento de exigencias que el propio Estado impone. El acceso será universal y gratuito, pero a un lote de instituciones homogéneas y de calidad decreciente.

En materia de educación pública el escenario no es más auspicioso. Se insiste en reemplazar la administración local de los municipios por servicios dependientes de la autoridad central, reemplazando la necesaria rendición de cuentas a las comunidades por un mecanismo servil a la voluntad política de cada Gobierno.

Si de verdad se quiere priorizar en educación, hay que promover la existencia de proyectos diversos que se adecúen a las múltiples necesidades y capacidades de los individuos, velando por una calidad que se sostenga en el tiempo.

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