Columna en El Líbero: El acuerdo y la educación

• 14 de Agosto, 2022

Hay un reconocimiento, forzado por circunstancias electorales, de que el texto en sí mismo no es suficiente para darle certeza a dos millones de estudiantes de que sus colegios serán “respetados”.

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El acuerdo que alcanzó el oficialismo respecto a la propuesta constitucional que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre aborda la educación en solo un par de líneas. Afirma que “en concordancia a lo señalado en la Nueva Constitución, la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación.”

El acuerdo nos muestra básicamente dos cosas.

La primera es que el oficialismo no parece transmitir insatisfacción con el texto, sino que busca referirse a su “implementación legislativa”. Esto es algo decepcionante, dado que los problemas, ambigüedades y omisiones de la propuesta constitucional elaborada por los convencionales superan ampliamente la exclusión de los particulares subvencionados y lo que una ley puede asegurar. Además, dado el sistema político que el borrador propone -una Cámara única que puede operar casi sin restricciones por mayoría simple de miembros presentes- una ley no es mucho. Por eso las garantías a la educación particular subvencionada a nivel constitucional eran tan relevantes.

Lo segundo es el reconocimiento, forzado por circunstancias electorales, de que el texto en sí mismo no es suficiente para darle certeza a dos millones de estudiantes de que sus colegios serán “respetados”. Es curiosa la palabra utilizada por el acuerdo, pues muestra un análisis muy preciso del texto que será sometido a plebiscito. Efectivamente, el borrador que la Convención nos propone no respeta la educación particular subvencionada. No la reconoce, no le asigna un rol, apenas la menciona en un transitorio (la educación de dos millones de personas cuelga de un transitorio de una Constitución que dice garantizar derechos sociales), no asegura financiamiento, le impone un listado de fines y principios cuya aplicación será fiscalizada como reflejo único de calidad, no protege la integridad de sus proyectos educativos, no asegura que puedan crearse, desarrollarse ni mantenerse. No pudieron elegir mejor la palabra, no hay respeto por la educación particular subvencionada en la propuesta.

El mencionado acuerdo no es una garantía, sino el reconocimiento de un error y un problema. Sin embargo, ante cualquier resultado del plebiscito, lo que se concluye es positivo. En caso de ganar la opción “Rechazo”, queda claro que deben buscarse fórmulas para asegurar no solo el respeto, sino la promoción y fortalecimiento de todo el sistema educativo, sin exclusiones odiosas. En caso de ganar la opción “Apruebo”, al menos hoy queda claro que se requerirá, en las leyes de implementación, un trabajo legislativo activo que busque borrar con el codo las verdaderas intenciones, ahora reconocidas, que tiene el texto constitucional.

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