Columna en El Líbero: El “Atacama”…de la educación superior

• 19 de Diciembre, 2023

La Universidad Estatal de Aysén nació como la respuesta estatista y simplona a un problema complejo: la falta de oferta de educación superior en una región aislada y de baja población.

(Leer columna en El Líbero)

Tras la caótica implementación del nuevo sistema de transporte metropolitano de Santiago a principios del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, la opinión pública acuñó el término “Transantiago” para describir políticas que, pese a ser impulsadas y diseñadas por conspicuos académicos de múltiples doctorados, terminaban siendo desastres en su aplicación y debían ser subsidiadas con enormes cifras de dinero de los contribuyentes.

Tras lo ocurrido en la región de Atacama -donde cerca de 30.000 estudiantes estuvieron sin clases tras una paralización de 80 días del Colegio de Profesores, debido al abandono, mala implementación y gestión del Servicio Local de Educación Atacama- ¿podremos acuñar ahora la expresión “un Atacama” para describir la caótica puesta en marcha de políticas mal diseñadas? Lamentablemente hay un caso que va como anillo al dedo: la Universidad Estatal de Aysén, hoy en una crisis terminal que ha sido difundida en la prensa. Haré la comparación.

El caso del SLEP Atacama tiene cuatro características principales: (1) voluntarismo -en la idea que el Estado central solucionaría problemas de gestión de los gobiernos locales; (2) captura política por grupos de interés -partidos como el PS y la DC y el Colegio de Profesores se pelean los puestos-; (3) los ciudadanos (y los niños) terminaron pagando la totalidad de los costos de los errores de las autoridades y (4) nadie es responsable.

Primer punto: voluntarismo. Tal como en el caso de la Nueva Educación Pública, la Universidad Estatal de Aysén nació como la respuesta estatista y simplona a un problema complejo: la falta de oferta de educación superior en una región aislada y de baja población. Al igual que en el caso de la desmunicipalización, faltó estudiar mejor el origen del problema, en lugar de forzar la solución. Quizás debió indagarse si, quizás, la baja población y asilamiento eran limitaciones objetivas a la existencia de oferta privada y pública, como lo demuestran los fallidos campus de otras universidades en el lugar. Resultado, la Universidad de Aysén ha mantenido una matrícula baja y relativamente estable desde 2017, llegando a apenas 600 estudiantes.

Segundo punto: captura política. En una entrevista, la ex rectora de la universidad Teresa Marshall dejó en claro que el proyecto pluralista de la institución se había perdido, debido a la ocupación política que un partido (Revolución Democrática) hizo de la planta académica. La primera rectora elegida, que llevó a la universidad a un déficit de 2.500 millones y amplió la planta de forma explosiva, es militante de dicho partido.

Tercero: los ciudadanos pagan. Debido a la administración irresponsable y politizada de un proyecto inviable, los ciudadanos de Aysén están en riesgo de perder su universidad, o que esta sea intervenida por un administrador provisional. Los contribuyentes, usted y yo, tendremos que pagar con recursos fiscales los platos rotos que dejó el experimento, y probablemente seguir subsidiando aún más (la Universidad Estatal de Aysén recibe fondos basales, con apenas 3 años de acreditación. Le recuerdo al lector que las Universidades Andrés Bello, del Desarrollo, Los Andes, Adolfo Ibáñez y Diego Portales, todas con seis años de acreditación, no los reciben) el gustito ideológico. Con este panorama, ¿tendrán buena educación los aiseninos?

Cuarto: nadie es responsable. La Superintendencia de Educación Superior es la institución responsable de monitorear la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior, para evitar que se afecte el derecho a la educación de los estudiantes. Y en el caso de la Universidad Estatal de Aysén, llegó tarde. Pero el Superintendente no asume responsabilidad alguna, y sus informes se filtran mucho después de que la prensa local y nacional diera cuenta de la crisis y de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el denominado “plan de recuperación” tampoco quienes la diseñaron, ni menos el partido político donde militaron sus administradores (hay que entender que están ocupados en contingencias más graves).

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