Columna en El Líbero: El CAE y el contexto país

Condonar el CAE ya no parece responder a un clamor popular irresistible y persistente que se materializa en una demanda social impostergable, sino a la agenda de un grupo de interés como cualquier otro.

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Son muchas las especulaciones que se generan en la opinión pública respecto de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y, en menor medida, del mecanismo que lo reemplazará. Contribuyen a esto las distintas fechas que se han dado para la presentación del proyecto, pero también su alcance político. Y es que la condonación universal del CAE es la pieza perfecta de un puzzle político que ya no existe.

El relato político que sustentaba la condonación del CAE ha ido debilitándose, encontrando eco solo en grupos acotados de la población. La encuesta CEP, por ejemplo, muestra que la ciudadanía prioriza la seguridad en las escuelas, como la primera de sus preocupaciones en materia educacional –respuesta que se relaciona directamente con las prioridades generales del país–. En otras palabras, condonar el CAE ya no parece responder a un clamor popular irresistible y persistente que se materializa en una demanda social impostergable, sino a la agenda de un grupo de interés como cualquier otro. Compite entonces con urgencias sociales mucho más sentidas.

A esto se suma que la dura realidad ha hecho que el mismo gobierno haya diluido la promesa de condonación universal. Forzando el lenguaje, “universal” ahora no significa “extinguir toda la deuda para todos”, pero sí que todos recibirán al menos algo, de lo que se colige que muchos deberán seguir pagando su deuda. Eliminada la simpleza del eslogan, y enfrentada al dilema moral de elegir quién será beneficiado y quién no, la promesa ha perdido atractivo en el mapa político del oficialismo.

Y respecto al reemplazo, desde los mismos actores clave no hay entusiasmo. Si se revisan las declaraciones de rectores de universidades e instituciones de educación superior, se observa no solo que sus preocupaciones son otras –trayectoria de los estudiantes desde la educación media, financiamiento a la investigación, igualdad de trato entre estatales y privadas, innovación, nuevas modalidades–, sino que además frente al proyecto han tomado distancia. ¿Por qué? Las instituciones ya saben lo que viene, pues conocen el funcionamiento de la gratuidad, y se sabe que el proyecto que prepara el gobierno es una extensión de las restricciones de la gratuidad a todo el sistema y a todos los alumnos: precios fijados arbitrariamente para alumnos gratuitos y no gratuitos, y bajo sus costos; no se reconoce la duración real de las carreras, se limita el crecimiento de la matrícula, se hacen exigencias desde la legislación sin recursos adicionales.

Si alguna institución se queja (como ha pasado en tribunales y ante la Contraloría), la respuesta de la Subsecretaría ha sido insólita: sálgase de la gratuidad. ¿Dará su apoyo el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)? Probablemente no, a menos que se les prometa que serán compensados por la vía de otros fondos, como se hizo con la gratuidad también. ¿Tropezarán dos veces con la misma piedra?

Hay compromisos en materia de educación en el programa de gobierno del Presidente Boric que no cuentan con la fama de la condonación del CAE, pero sí con una relevancia real para el país. El mejor ejemplo: el programa que compromete 60.000 cupos nuevos en educación parvularia. Esperamos que el gobierno termine de entender que al insistir con la condonación del CAE queda fuera de contexto y que, en cambio, nos indique la fecha en que cumplirá la promesa de dar educación parvularia de calidad a 60.000 niños.


Escrito por Daniel Rodríguez Morales

Director ejecutivo de Acción Educar.