Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
En un contexto normal, parece poca cosa la aprobación de la idea de legislar el proyecto de ley de educación parvularia, pues es parte de la actividad parlamentaria. Sin embargo, cuando la tónica es más bien un llamado al rechazo de los proyectos provenientes desde el Ejecutivo, lo ocurrido el martes es bastante revelador e invita a una reflexión mayor.
Su aprobación muestra la voluntad -al menos incipiente- por avanzar en una materia que ha sido constantemente invisibilizada y, así, se presenta una gran oportunidad para generar una política consensuada y de largo plazo, donde se plasme un compromiso país por hacernos cargo de la primera infancia. Es por ello que el hecho se hace tan noticioso.
Lo que viene ahora es centrarse en la discusión parlamentaria, donde debiesen profundizarse y deliberar aquellos puntos que generan inquietud y disconformidad en la oposición. Por un lado, existen reparos porque se trata de un subsidio no basal y, por otro, creen que, en la práctica, los recursos no llegarán a los jardines vía transferencia de fondos (VTF) -objeto principal de este proyecto-, sino que se beneficiará a los colegios particulares subvencionados.
La primera crítica dice relación con que el proyecto de ley, que crea una subvención para los niños entre 2 y 4 años, condiciona este beneficio a la asistencia a través de un tipo voucher. A juicio de algunos parlamentarios esto no tendría cabida, pues no es posible exigirlo especialmente en los meses de invierno; por ello proponen que el subsidio debiese ser basal. Frente a esto, es necesario destacar la relevancia que tiene en el desarrollo de un menor asistir a la educación parvularia durante esta etapa de formación y las consecuencias en el aprendizaje de un ausentismo crónico especialmente en niños provenientes de las familias más vulnerables, cuestión que los afecta de forma directa en su desempeño posterior. Si bien es cierto que es una etapa donde los párvulos tienen mayores probabilidades de enfermarse -más aún en mayo, junio y julio- los datos muestran que la mayor inasistencia se concentra en enero, lo que se asocia a las vacaciones ya sea de los padres o los hermanos mayores. Por último, los jardines VTF -que actualmente tienen un financiamiento como el propuesto- muestran mayores niveles de asistencia que los establecimientos Junji, por lo que el subsidio está asociado también a un mayor incentivo para que los párvulos vayan al jardín. Es posible discutir y encontrar una solución para la época donde se presenta un mayor ausentismo, pero si el esfuerzo está puesto en aumentar la cobertura y nivelar la cancha, parece ser que la asistencia es un factor clave a considerar dentro de la política.
La segunda crítica se refiere a que en la práctica la iniciativa sólo terminaría beneficiando a los establecimientos escolares y a los jardines particulares subvencionados, y no a los VTF; cuando precisamente el subsidio busca hacer equitativa la distribución de presupuesto entre estos últimos y los jardines Junji. Esto tiene relación con que para acceder al beneficio se requiere tener reconocimiento oficial, de manera de asegurar que los recursos se destinen a establecimientos de calidad. El problema es que actualmente, y conforme a lo declarado por la subsecretaria de Educación Parvularia, sólo 16 jardines VTF cuentan con el certificado. Una vía para resolver esto sería incluir un artículo transitorio que permita acceder al beneficio cumpliendo con ciertos requisitos y condicionado al posterior otorgamiento del reconocimiento oficial.
Como se observa, ambas inquietudes -completamente válidas- tendrán que verse en la discusión en particular. Lo que importa es que al menos hasta ahora quedó claro el compromiso que existe con la educación parvularia. Esto debe ser tomado como un punto de unión, dado que después de mucho tiempo hay una oportunidad histórica para generar una política conjunta, poniendo a los niños primeros en la fila.