Columna en El Líbero: El mundo al revés

• 21 de Noviembre, 2016

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

El año pasado, una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional (TC) declaró que parte de la política de gratuidad en la educación superior que impulsó el Gobierno mediante la ley de presupuestos vulneraba la Carta Fundamental, por discriminar arbitrariamente entre jóvenes de igual condición socioeconómica e imponer requisitos que exceden su condición personal y cuyo cumplimiento no depende en absoluto de ellos. Ese mismo fallo estableció que “la gratuidad de la educación superior tiene que enfocarse en la situación socioeconómica del estudiante y no en la institución a la que se adscribe, sin perjuicio de lo cual y con el propósito de asegurar una educación de calidad, se deben considerar ciertos presupuestos mínimos dentro de los límites permitidos por el principio de igualdad ante la ley”.

En concreto, la distinción que se hacía entre instituciones de educación técnica con y sin fines de lucro, dejando fuera de la gratuidad a los estudiantes de las primeras, fue considerada improcedente por el TC. Lo mismo ocurrió con la imposición de ciertos requisitos para las universidades privadas y la exención de los mismos para las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores.

Este año, el proyecto de ley de presupuestos reitera las mismas discriminaciones cuya inconstitucionalidad hizo ver el TC. De nuevo se señala que sólo los alumnos de institutos profesionales y centros de formación técnica organizados como personas jurídicas sin fines de lucro pueden acceder a la gratuidad, marginando por esa vía a los estudiantes de otras instituciones de igual o mejor calidad y obviando que la ley permite expresamente que esas instituciones funcionen al alero de una sociedad comercial. Asimismo, una vez más se exime a las universidades del Estado de cumplir con los criterios de acreditación que se fijan para el resto del sistema, dando a entender que su condición de estatal es suficiente garantía de calidad.

En este contexto, un grupo de parlamentarios anunció que acudirían nuevamente al Tribunal Constitucional en el caso que el gobierno insista en promover políticas de financiamiento estudiantil que implican discriminar arbitrariamente entre jóvenes de igual condición socioeconómica y entre instituciones que cumplen un mismo fin. La respuesta de la autoridad no tardó en llegar: “Desde hace rato la derecha ha amenazado con el TC. En forma permanente ha hecho reserva de constitucionalidad en todas las últimas leyes… Estos temas corresponde discutirlos en el Parlamento, ahí uno gana o pierde, no se puede hacer permanente que, frente a una moción que no se ganará, hacer reserva de Constitución”, señaló la ministra de Educación.

El mundo al revés. Ante el evidente vicio de la medida que pretende impulsar el Gobierno, lejos de corregirla y adecuarla al orden constitucional, el Ejecutivo ha optado por insistir en ella, como si el simple hecho de repetir el error fuese argumento suficiente para dar por eliminado dicho vicio. Mientras, se ha pretendido hacer ver como un problema que un grupo de parlamentarios velen por una mínima adecuación de las leyes a la Carta Fundamental y, por esa vía, aseguren que las garantías esenciales que ella consagra se respeten.

No hay que ser mago para anticipar que, de no cambiar la actitud del Gobierno, una vez más el TC deberá resolver respecto del apego a la Constitución de la ley de presupuestos y que su sentencia no será muy diferente a la que conocimos hace un año sobre el mismo asunto. En ese escenario, lo razonable sería que el Gobierno tomara las medidas correctivas a tiempo, en vez generar polémicas estériles con parlamentarios que intentan cumplir la función para la que fueron elegidos.

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