Columna en El Líbero: El triste desengaño de los rectores

• 17 de Enero, 2019

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En sendas apariciones en prensa, algunos rectores de universidades estatales han reaccionado de forma destemplada y confrontacional a la contingencia en materia de educación. Destaca en particular una entrevista al rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, en el diario La Tercera, donde habla incluso de “amenaza de contrarreforma no declarada”, lo que recuerda a las intrigas papales. Llama la atención porque el rector Valle es conocido por sus posiciones claras, pero siempre formales, elegantes, estratégicas, inteligentes y cuidadosamente fundadas y calculadas. Surgen algunas preguntas.

¿Hay razón para que los rectores de las instituciones del Estado estén preocupados a ese nivel? La verdad es que sí. Al abrazar la política de gratuidad, condenaron a sus instituciones a un sistema de financiamiento deficitario, que, en su mejor versión, no hace sino fijar un techo de financiamiento relativamente permanente (el arancel regulado) que les impedirá crecer, innovar y enfrentar los desafíos de la construcción de una educación superior de excelencia. Adicionalmente, problemas evidentes de la Ley de Educación Superior -como la burda y simplista omisión del problema de la sobreduración de las carreras- parecían pequeños a la distancia, pero hoy están siendo difíciles de manejar. No parecen quedar más opciones que limitar el avance de la gratuidad y levantar la fijación de precios, permitiendo el gasto privado presente o futuro en educación superior.

El problema es el destinatario del enojo de los rectores. El gobierno actual tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Educación Superior (aunque muchos estemos en desacuerdo), y obviamente corregir los aspectos que estén mal diseñados (algo que el gobierno ya está resolviendo mediante una “ley corta” para adecuar los plazos de transición de los nuevos estándares de acreditación). Pero no se puede calificar de “contrarreforma” la sola implementación literal de la ley. Un grupo de rectores fue convocado, justamente, para discutir la puesta en marcha de la normativa, por lo que no se entiende la comunicación de tal inconformidad mediante la prensa.

Tampoco se puede esperar pasar gato por liebre y culpar al gobierno. Pretender usar los excedentes del Fondo Solidario para paliar los déficits de las universidades del Cruch (algunas amenazadas de embargo por sus deudas, otras investigadas por la Contraloría por mala gestión) no puede calificarse sino como una “avivada”, o en palabras de columnista, una capitalización fiscal encubierta mediante una indicación inconstitucional que subvierte el espíritu de la ley del Fondo Solidario. Se podrá convencer a algún senador de aquello, pues su preocupación por el gasto fiscal y la constitucionalidad de las leyes es conocida por lo escasa, pero no al gobierno. Y no se le puede culpar por cuidar la hacienda pública ni el respeto a la Constitución.

¿Por qué la animadversión contra el gobierno entonces? Es el desengaño que tan bien ilustró el teatro del Siglo de Oro español. El gobierno anterior, en su ánimo reformista, pareció convencer a los rectores de algunas instituciones de la ilusión de la gratuidad universal, de la infinitud de los fondos públicos para financiamiento basal, de que con solo la invocación de la palabra “derecho” se allanaría la porfiada realidad, y que todo lo estatal estaría cubierto de una pátina de oro que lo haría invulnerable a la prosaica labor de competir. Pero este gobierno está obligado a tomar al pie de la letra el monólogo de Segismundo: los sueños, sueños son.

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