Columna en El Líbero: Familia y educación

• 2 de Agosto, 2020

Por: Magdalena Vergara, directora ejecutiva Acción Educar

Si bien debiera ser algo obvio, la pandemia ha relevado el valor que tiene la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad y en especial en la educación de los niños.

Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos. Es el primer espacio de sociabilización, donde se generan los primeros vínculos y formas de relacionarse. También de transmisión del conocimiento, de valores y creencias, que permiten interpretar el entorno y darle sentido. La evidencia es contundente respecto de la importancia de la familia, las consecuencias de no generar los primeros vínculos afectivos para el desarrollo del niño, o las diferencias de aprendizaje conforme al capital cultural de la familia.

La educación es con todo, un bien público y a su vez un derecho de todos los niños. Por ello interesa que las familias cumplan adecuadamente con su responsabilidad. En ello el Estado debe velar  para que efectivamente así sea, disponiendo de los medios necesarios. Se entiende aquí el rol subsidiario que cumple el Estado, pues lo que le corresponde es apoyar a las familias para que puedan cumplir con educar a sus hijos, sin suplirlas en su labor. De hecho, la Pandemia ha puesto en evidencia la imposibilidad del Estado de reemplazarla y al contrario pone en falta las políticas para su fortalecimiento.

Esto sin embargo, no siempre es del todo claro. Es decisorio por ejemplo, la discusión que se dio a raíz del proyecto de ley de kínder obligatorio, donde se criticó que al hacer obligatorio el nivel se traspasaba la responsabilidad a las familias.

El hecho de que el Estado cumpla un rol subsidiario, no tiene que ver con que se le quite responsabilidad. La obligatoriedad en este caso, se comprende como una medida que el Estado ve como necesaria en su deber de velar por la educación de los niños y en consecuencia de que las familias cumplan con educarlos. A su vez, esto conlleva otros deberes, como garantizar el acceso, la disponibilidad de establecimientos y cupos, calidad, etc.

Por otro lado, implica también que el Estado permita y promueva la existencia de diversidad de proyectos educativos, de manera de garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Esta discusión que se ha tendido a relativizar, es en realidad fundamental y espropia de comprender que son las familias las primeras educadoras. Para ello compete al Estado permitir que surjan diversos proyectos con los cuales las familias puedan identificarse y compartir una visión común de educación, que por lo demás es un aspecto indispensable para que la familia se haga partícipe en la educación.

La línea de esto es bastante delgada, y los esfuerzos por garantizar mayor equidad y calidad no debieran contradecirse respeto a la libertad de educación. Sobre esto resulta relevante la discusión que desde hace un tiempo se levanta sobre la privatización de la educación, pues desconoce la relevancia que tiene el desarrollo de proyectos que surgen de la propia sociedad civil para satisfacer la libertad y la responsabilidad de las familias en la educación de los niños.

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