Columna en El Líbero: Financiamiento estudiantil; ¿complementariedad o competencia?

• 27 de Septiembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Uno de los compromisos más claros y explícitos del programa de gobierno del Presidente Piñera en educación superior es el reemplazo del crédito con aval del Estado (CAE) por otro sistema más beneficioso para los estudiantes y sin la intermediación de bancos. Desde junio se tramita y discute en el Senado una propuesta de nuevo crédito estudiantil –llamado Sistema de Financiamiento Solidario (SFIS)- que cumple la promesa presidencial.

La propuesta, en general, está en la línea de esquemas de sistemas de financiamiento similares en el mundo. Asegura condiciones de préstamo y restitución muy favorables para los estudiantes, incluida una condonación de todo remanente después de 15 años de pago, contingencia al ingreso y suspensión de pago por bajos ingresos o cesantía. Para el Fisco es una política onerosa, pero se asegura, mediante un diseño de cobranza exhaustivo, que al menos una parte de los recursos prestados se restituyan.

Las instituciones, por su parte, se enfrentan a un panorama más difícil. Esquematizando bastante el problema, la situación es la siguiente. Las instituciones no gratuitas se han manifestado en contra de las limitaciones a la libertad de aranceles que el proyecto contiene. Para asegurar que los estudiantes de los seis primeros deciles de ingreso no paguen al momento de estudiar, la iniciativa obliga a las instituciones a cofinanciar a sus propios estudiantes, pagando o prestando la diferencia entre subsidio y valor real y fijando así indirectamente los aranceles. Esta limitación implica menos recursos para invertir en calidad y afecta la diversidad y el desarrollo futuro de los proyectos. Por su parte, las instituciones gratuitas, en rigor, el CRUCh, considera injusto que dicho crédito no contenga la larga lista de limitaciones a la autonomía que implica la gratuidad, tales como la fijación de aranceles para todos los estudiantes, la restricción de vacantes y la duración acotada del beneficio. Como para estas instituciones no hay distinción práctica entre gratuidad y crédito –la diferencia es perceptible solo para el estudiante, las instituciones reciben los recursos igual– exigen que se empeoren las condiciones del SIFS para nivelar esta política para abajo, asimilándola al deficiente diseño de la gratuidad. Así, se ha instalado la idea que gratuidad y nuevo crédito son sistemas en competencia, y que uno prevalecerá por sobre el otro a menos que los dos sean igualmente malos.

Esta situación complica la tramitación del proyecto. Además de los cambios que el crédito SIFS requiere para efectivamente asegurar un buen desarrollo del sistema de educación superior (en síntesis, unificar en una sola cuota los préstamos de las instituciones y el Fisco y focalizar el gasto reduciendo el monto prestado a los más ricos), se debe buscar la complementariedad entre gratuidad, becas y créditos para trazar una salida posible. En lugar de empeorar las condiciones del nuevo crédito para las instituciones, podría optarse por corregir distorsiones que la gratuidad impone sobre los planteles, por ejemplo, liberalizando los aranceles para los estudiantes no beneficiados. Además, las instituciones gratuitas del CRUCh debieran mirar menos el pasto de al lado y considerar que (1) reciben cuantiosos aportes basales -por el solo hecho de existir capturan un tercio de la totalidad de los recursos fiscales para educación superior– y (2) que también tendrán acceso al nuevo crédito SIFS, lo que podría ayudarles de complemento para solucionar, mucho mejor que el CAE, los problemas de la gratuidad.

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