Urge que la aproximación a la discusión constitucional se realice desde una perspectiva objetiva, reflexiva y lejos de proselitismo y adoctrinamiento político. De lo contrario, los estudiantes no serán libres de dialogar, pensar y generar una opinión personal.
“El año 2023 será el año de la reactivación educativa”, afirmó el ministro de Educación, luego de que el Presidente Boric estableciera que esa sería la prioridad de su Gobierno en materia educativa. Atrás queda un 2022 marcado por la vuelta a las clases presenciales, innumerables hechos de violencia y conflictos de convivencia escolar, junto con el rechazo de una propuesta de nueva constitución refundacional.
Sobre esto último, este año viviremos un “proceso constitucional 2.0”, asunto que probablemente se tomará la discusión pública. Se prevé que el proceso sea muy distinto al de la Convención Constitucional, más normado y aspirando a que existan acuerdos y consensos transversales. Se contempla una elección de consejeros en mayo, cuatro mecanismos de participación ciudadana a desarrollarse en junio y un plebiscito ratificatorio del texto final en diciembre. Es decir, distintas instancias donde la ciudadanía requerirá de información para entender y conocer este nuevo proceso.
¿Qué tienen que ver los colegios en todo esto? Veamos. Existe un fuerte vínculo entre la ciudadanía y la educación, entre la vida cívica y la institución escolar. En nuestros tiempos, no existe otra institución como la escuela, que permita proveer a los más jóvenes de una experiencia común que trascienda las formas de vida y particulares de las familias. La vida democrática requiere de esa experiencia común y la escuela aparece como aquel ámbito privilegiado (Carlos Peña en Cox y Castillo, 2015).
Han sido las escuelas y sus docentes quienes muchas veces han tenido que explicar y contextualizar a estudiantes inquietos por comprender lo que está sucediendo afuera de sus colegios y del cual todos hablan, desde un terremoto, pasando por un eclipse solar, por foros internacionales y eventos deportivos, hasta una movilización masiva. De alguna manera, las salas de clases han sido ese espacio para que los más jóvenes comprendan el dinamismo de la sociedad y sus fenómenos.
Es en ese sentido, y a propósito del proceso constituyente, que la formación y educación ciudadana se presentan como una oportunidad para ser tratada en los colegios, quienes hoy cuentan con herramientas y espacios para ello, como el Plan de Formación Ciudadana (introducidos por la ley Nº 20.911 en 2016) y la asignatura de Educación Ciudadana en terceros y cuartos medios (operativos desde el 2020 a raíz del cambio en las bases curriculares).
Sin embargo, y al ser un tema que genera discrepancia y polarización, urge que la aproximación a la discusión constitucional se realice desde una perspectiva objetiva, reflexiva y lejos de proselitismo y adoctrinamiento político. De lo contrario, los estudiantes no serán libres de dialogar, pensar y generar una opinión personal.
Tampoco se debe apuntar a la exclusiva enseñanza de la literalidad de la norma, sino de su sentido y principios detrás de ella. Se debe resguardar que la escuela siga siendo aquel espacio donde se elabore y desarrolle un sentido de pertenencia tal, que no solo permita la comprensión y lealtad de las reglas, sino que además un lugar donde las personas se reconozcan como miembros de una misma comunidad política que, a pesar de ser plural, reconoce los derechos y libertades de las personas.
Uno de los aspectos relevantes de comprender la Carta Fundamental y este nuevo procedimiento de elaboración, radica en la posibilidad de dialogar y arribar a acuerdos que permitan articular progreso y paz social. Este pacto fijará las reglas del juego para que, en este caso, los futuros ciudadanos, participen de la vida democrática y desarrollen sus proyectos personales y colectivos.