Columna en El Líbero: Inestabilidad

• 4 de Noviembre, 2021

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En el área económica -según indican entendidos- se empiezan a observar con creciente claridad las consecuencias de una serie de hechos y acciones que quizás individualmente habrían sido menos dañinos. Los retiros de fondos de pensiones, la incertidumbre de la Convención Constitucional, la ineficacia de las medidas contra la violencia y cierta condescendencia ante ella, y el rechazo permanente por parte del Parlamento a legislar mirando cualquier forma de evidencia que le contradiga; han afectado a la economía. Eso se ve concretamente en un aumento de la inflación, encarecimiento de los créditos hipotecarios y una disminución de la inversión. La población, dicen los expertos, percibe esta inestabilidad y reacciona políticamente.

A pesar de vivir una situación similar, la educación tiende a reaccionar bastante más lento que la economía, lo que hace parecer que la estabilidad del sistema educativo es mayor a la que en realidad tiene.

El cóctel de ataques contra el sistema educativo no es menos impresionante que el económico: una Convención Constitucional que desdeña la libertad de enseñanza (poniendo en jaque a casi 2.000.000 de alumnos que asisten a colegios particulares subvencionados), un bloqueo legislativo total (que tienen entre sus casos más conspicuos el rechazo a la obligatoriedad del Kínder y a una nueva subvención muy alta para los jardines infantiles, pero que también incluye la sala cuna universal) y una hostilidad permanente a la agenda del gobierno, incluyendo dos acusaciones constitucionales a dos ministros de Educación.

Lo más grave es que mientras todo esto pasa, existen niños, en colegios municipales, que no han asistido prácticamente a clases desde junio de 2019, cuando el extenso y virulento paro del Colegio de Profesores fue seguido por la violencia de octubre y luego, la pandemia y el desarrollo de una agenda política de la oposición directamente contraria a la asistencia a clases presenciales (cuatro proyectos de ley buscaron prohibir el regreso a las salas). Algunos aún no vuelven.

El presupuesto 2022 no trae buenas noticias: la gratuidad en educación superior ha consumido prácticamente todos los recursos del sector, mostrando la clara inviabilidad de su diseño, y solo las universidades del Estado reciben un incremento significativo.

Quizás alguna luz de esperanza para nuestro maltratado sistema educativo podría venir de los debates presidenciales. Pero no, el pago de la llamada “deuda histórica”, la condonación del CAE y la suspensión del proceso de desmunicipalización para proteger a los intereses de los alcaldes son los únicos temas que hemos podido escuchar de los candidatos: los tres muy atractivos electoralmente para ciertos grupos, pero que aportan nada a la calidad y equidad del sistema educacional.

Al igual que en lo económico, esta irresponsabilidad traerá consecuencias sobre la educación, pero las veremos y sufriremos por muchísimo más tiempo.

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