Columna en El Líbero: Intereses y principios

• 13 de Septiembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Al mismo tiempo que se desarrolla una agenda de audiencias en el Senado sobre el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE), la ministra Cubillos anunció que se encuentra trabajando en paralelo con los parlamentarios para “ir avanzando en aspectos concretos de mejoras en las que ya podría haber consenso”. Este esfuerzo quizás lleve a un acuerdo sobre este nuevo crédito que permitiría, además, destrabar el proyecto que acelera el avance de la gratuidad para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Ante una minoría en el Congreso y un proyecto de nuevo crédito estudiantil que ha suscitado poco apoyo, es evidente que el Ministerio de Educación debe negociar para avanzar. En eso hay pocas opciones. ¿Qué debiera preocuparnos?

En este punto la distinción entre intereses y principios puede ser útil. Para efectos de este debate, la diferencia es sencilla: los primeros son transables, los segundos no.

Respecto de los intereses, uno puede suponer que el gobierno tiene al menos tres: aprobar ambas leyes (expandir la gratuidad en técnico profesional y reemplazar el CAE), gastar los menos recursos posibles y mostrar su capacidad de llegar a acuerdos en temas políticamente sensibles. En el caso de la ampliación de la gratuidad TP, es probable que el ministerio termine cediendo e incluya a los estudiantes TP matriculados en universidades. Si bien esto no pone a los niños primero y aumenta el costo de la iniciativa, podría suscitar la buena voluntad de la oposición y destrabar el proyecto. Más complejo es el escenario del nuevo crédito, donde la comisión aún no ha sido clara de hacia dónde apuntará los dardos. La comparación permanente con la gratuidad -argumentando que el crédito es mejor para las instituciones y en consecuencia le compite injustamente- es una estrategia que pierde eficacia a medida que la presión por eliminar el CAE aumenta. Para evitar “nivelar hacia abajo”, esto puede llevar al Mineduc a mejorar el diseño de la actual gratuidad, que, según ratificó la Contraloría en un reciente informe, disminuye los ingresos del sistema en al menos 17.000 millones de pesos al año. Cualquier solución probablemente cueste más recursos, burocratice más el sistema y entregue más poder al Estado; pero en eso el gobierno y la oposición no parecen tan distantes y podría haber acuerdo.

Los principios son y deben ser tratados como otro asunto. Si el ministerio quiere mantenerse fiel al ideario del gobierno, dos elementos son centrales: cualquier resultado de la negociación debe respetar la autonomía de las instituciones de educación superior y evitar la discriminación arbitraria. En concreto, esto implica que no se debe recurrir a la fijación de precios ni se debe abandonar el concepto de copago. Si en algo se distingue el “Estado docente” de la “sociedad docente” que el Presidente quiere impulsar, es que esta última requiere del apoyo e involucramiento activo de la sociedad civil y de las familias, y una de las formas en que este apoyo se manifiesta es en el copago. Quienes voluntariamente ponen sus recursos a disposición de instituciones para educar o educarse también ayudan a mantener vigorosos los proyectos educativos en los que participan, con toda su diversidad. Recursos privados que son usados de manera colectiva en la búsqueda de un fin particular que beneficia una comunidad no pueden ser vistos como algo negativo. La libertad de aranceles y el copago también le dan poder e influencia a las personas y a la sociedad civil en el desarrollo y conducción de dichos proyectos y visiones de mundo. La gratuidad es un atentado directo a esta idea, pues prohíbe el aporte privado y, al concentrar todo el financiamiento en el Estado, le entrega también todo el poder y desarticula la autonomía de las instituciones.

Este gobierno hizo suya la gratuidad, sabiendo de estos defectos. Hay pocas esperanzas de que se abra a modificarla. Pero “todavía tenemos Patria” en el nuevo crédito estudiantil SIFS. Aunque recurre a la fijación indirecta de precios (algo que se puede reparar fácilmente), el diseño de este crédito hace compatible el subsidio estatal con el copago. Además, asegura condiciones de restitución muy favorables para los estudiantes y evita el cobro en el punto de acceso para los más vulnerables. Dado que un grupo de parlamentarios, argumentando que esta iniciativa es mejor para las instituciones que la gratuidad, busca prohibir el copago en el proyecto de crédito y fijar precios para todos los estudiantes, es fundamental que el gobierno esté dispuesto a sostener sus principios con decisión. Respecto del proyecto de ampliación de la gratuidad, es claro que solo responde a un interés electoral. Pero el principio de la no discriminación arbitraria debe primar a esa consideración.

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