Columna en El Líbero: La Divina desmunicipalización

• 23 de Abril, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Una de las reformas heredadas de mayor complejidad en su implementación que debe enfrentar el gobierno del Presidente Piñera es la Nueva Educación Pública, conocida coloquialmente como desmunicipalización. En pocas palabras, esta norma obliga a las municipalidades a transferir los establecimientos de su propiedad al Estado central, que los administrará mediante 70 Servicios Locales de Educación. Estos serán órganos públicos, desconcentrados pero dependientes de una autoridad central, el director de Educación Pública, que responde a su vez -eufemismos administrativos aparte- al ministro de Educación.

Las primeras etapas de implementación se han mostrado desafiantes. El Colegio de Profesores, siempre rápido para defender sus intereses, amenazó con movilizaciones inmediatas en caso de que no se pagaran todas las deudas previsionales a los profesores transferidos. Esto, que es de toda justicia, está correctamente contemplado en la ley, por lo que no se explica dicho nerviosismo. Pero los ánimos parecen estar encendidos, y a pesar del trabajo serio del ministerio, es fácil prever que distintos actores políticos aprovecharán esta implementación para golpear al gobierno. Este “primer círculo” se probará difícil y de larga duración, dado que probablemente se levanten amenazas similares cada vez que se transfieran establecimientos.

Poco después, el Senado secundó. La Comisión de Educación de la Cámara Alta solicitó antecedentes sobre la puesta en marcha de la desmunicipalización, acusando al ministerio de entorpecer su avance y recurriendo a la Contraloría para conocer los reglamentos en revisión. Más allá de la falta de comprensión de las funciones del Senado (algunos quisieran que tuviera las facultades fiscalizadoras que tanta prensa le dan a la Cámara de Diputados, pero no es así) este tipo de acciones, nuevamente, son un botón de muestra de la actitud que podría tomar la oposición al respecto. Esto no es conveniente, toda vez que una tarea de estas dimensiones debiera tener el apoyo directo del poder legislativo (corresponsable de las virtudes y errores del proyecto) para que el tránsito a la desmunicipalización sea lo más rápido, eficiente y beneficioso posible para la educación pública. En este segundo círculo, el riesgo es que los legisladores caigan en la tentación de aprovechar políticamente la desmunicipalización.

El tercer círculo comenzó a mostrarse tras la presentación del director de Educación Pública en la Cámara de Diputados. Allí se expuso que un municipio en proceso de desmunicipalización había subido los sueldos de funcionarios no docentes un mes antes de la transferencia de los establecimientos educacionales, provocando un inesperado déficit de cerca de 400 millones al servicio recién creado. ¿Contará el Ejecutivo, en su ánimo de implementar de forma efectiva una educación pública que sea atractiva para los padres, con la ayuda y colaboración de los alcaldes?

Como Dante, el Ministerio de Educación, obligado por la administración anterior y sin la guía de Virgilio, desciende lentamente hacia el fondo de la crisis de la educación pública sin saber qué es lo que viene, teniendo como única certeza que cada círculo del infierno será peor y sus enemigos más feroces. Es aquí donde el ministerio requerirá, con fuerza y decisión, el apoyo del oficialismo y de los parlamentarios y alcaldes de su sector. Si es forzado a descender solo, los problemas que halle serán por la desidia y mezquindad de quienes son sus aliados, y no su propia responsabilidad. Pero parafraseando al autor italiano, no perderemos toda esperanza.

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