Columna en El Líbero: La incertidumbre no termina

• 30 de Agosto, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Al asumir su mandato en La Moneda, el Presidente Piñera fue rápido en afirmar que las reformas del gobierno anterior serían implementadas responsablemente y que, por ende, la oposición no tenía nada que temer. Pero han pasado cerca de cinco meses del fallo del Tribunal Constitucional y tres desde la promulgación de la Ley de Educación Superior, y la promesa de una puesta en marcha ordenada y oportuna comienza a apremiar.

En efecto, la incertidumbre sobre el sistema de educación superior no se acabó con la aprobación de la ley. Los plazos que ésta establece empezaron a correr, por lo que la preocupación se vuelve cada vez más detallada e intensa. A esto se agrega que algunos actores públicos, como la Comisión Nacional de Acreditación, y otros del sistema, como el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del DUOC, han remarcado la necesidad de hacer cambios a la normativa actual para hacer factible su implementación.

Al hacer un recorrido muy resumido por la ley, el Ministerio de Educación debe priorizar y concentrar sus esfuerzos en al menos tres elementos.

Lo más urgente es asegurar una buena puesta en marcha del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en particular la acreditación integral de las instituciones. Esto es coherente con las declaraciones generales a favor de la calidad que ha intentado promover el Mineduc, por lo que poner foco en ello no implica desviar el rumbo. Para que la nueva acreditación se ponga en marcha adecuadamente, es fundamental que el ministerio impulse y supervigile, como ente rector, la redacción de los nuevos estándares y criterios de acreditación. Si éstos son demasiado rígidos, corren el riesgo de convertirse en un modelo único de calidad que destruya la diversidad de nuestro sistema de educación superior y consolide las discriminaciones institucionales que hoy lo caracterizan. Asimismo, la nueva comisión tendrá la responsabilidad de decidir, en el contexto de una acreditación mucho más exigente, la supervivencia de instituciones hoy no acreditadas. Con la nueva norma, el destino de planteles que no acrediten es casi ciertamente su fin. Los antecedentes son negativos: la Universidad Iberoamericana, acreditada, tenía 3.000 estudiantes y su cierre ha causado desvelos al ministerio y sesiones especiales en la Cámara de Diputados. Pero aquello es casi un detalle cuando se tiene en cuenta que hoy sólo la institución no acreditada más grande tiene más de 13.000 alumnos. ¿Qué pasará con ellos si el plantel no acredita? El administrador provisional no ha demostrado ser una solución confiable. A esto se suma que el calendario de implementación establecido en la ley es simplemente irrealizable, y requiere cambios legales que ya debieran estar ya en el Congreso.

Lo segundo es la instalación de la Superintendencia de Educación Superior y la reglamentación asociada. Hay consenso en que las facultades que la ley le otorga son exageradas e intrusivas, y por ello deben entregarse certezas del sentido en el que serán interpretadas. Claridad y transparencia en la forma y fondo es clave para la planificación de las instituciones, pues la única forma de que la superintendencia no se convierta en una trituradora es que fiscalizador y fiscalizado colaboren y compartan el objetivo: mayor fe pública en la educación superior. Su contrapeso natural, la Subsecretaría de Educación Superior, -porque alguna institución estatal tendrá que preocuparse del que el sistema subsista, espero-, también debe implementarse.

Lo tercero es la fijación de aranceles. Tanto el CRUCh como las universidades privadas que adhirieron a la gratuidad se comen las uñas esperando que el Mineduc haga públicos los nuevos aranceles regulados. Hay expectativas, algunas se han comunicado por los diarios, de que un aumento considerable de estos subsidios ayude a algunas instituciones a “salvar el año” dado los profundos déficits financieros que sufren producto del mal diseño de esta norma. Es clave nombrar la comisión que fijará los precios, y aunque su labor es por definición imposible, -por muy selectos que sean sus miembros, no reemplazan ni al mercado ni a la Dirección de Presupuestos de Ministerio de Hacienda- al menos reducirá la incertidumbre.

El llamado a impulsar todo esto es el Ministerio de Educación. No sólo porque la ley lo obliga, sino porque si aún hay una intención de cuidar el sistema, cierta certeza regulatoria es lo mínimo, siendo esta una responsabilidad de carácter político. Y falta para ello.

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