Columna en El Líbero: La libertad de enseñanza otra vez

• 3 de Octubre, 2016

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

La publicación de un manual de educación sexual por la Municipalidad de Santiago y envío a los establecimientos de su dependencia ha causado cierto revuelo público. Expertos y autoridades han hecho ver su opinión respecto de su contenido y su distribución, tanto a favor como en contra. Sin embargo, y más allá de la visión personal que uno pudiera tener sobre el texto, la pregunta correcta no es si tal manual debiera existir o si debiera entregarse a uno, varios o todos los colegios. La pregunta clave es cómo nos hacemos cargo de un problema fundamental y básico: las personas legítimamente difieren en la forma y contenido de la educación que quieren para sus hijos.

Ciertamente la educación municipal tiene detrás una visión de la educación, que se traduce en los proyectos educativos de sus establecimientos. Es esperable entonces que la Municipalidad, como sostenedora de sus colegios, imprima una visión particular sobre la formación de sus estudiantes que vaya más allá del currículum mínimo. En este sentido, el manual de educación sexual es parte de esta autonomía. Pero ¿qué pasa con los padres que no estén de acuerdo?

Es ahí donde nuestro sistema educativo tiene ventajas que, a pesar de ser escasas en otras partes del mundo, son muy poco valoradas por las autoridades locales. En otros países, donde el Estado es el proveedor único, las familias deben conformarse con el establecimiento de su barrio, no hay forma de evitar iniciativas como el mencionado manual de educación sexual. Mientras que en esos países la posibilidad de optar por proyectos distintos al estatal es un privilegio que tiene un reducido grupo de personas con alta capacidad de pago, en el sistema chileno es un derecho al alcance de todos gracias al sistema de subvención y la posibilidad de los establecimientos privados de recibirla. La alta preferencia de las familias por el sistema particular subvencionado muestra que ellas hacen uso de este derecho.

Así, la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución permite que el Estado apoye una diversidad de proyectos educativos, de forma que sean accesibles para todos los ciudadanos. Por lo tanto, las familias que no estén de acuerdo con el manual de educación sexual, o con cualquier otra política de los establecimientos estatales, tienen la posibilidad no sólo de quejarse frente al alcalde, sino que cuentan con la libertad de cambiarse a otro establecimiento que se adecúe mejor a sus preferencias.

Lamentablemente, las reformas impulsadas en los últimos años no han valorado este aspecto y, por el contrario, han restringido esta libertad y en algunos casos la han afectado derechamente. La controversia alrededor del manual de educación sexual nos recuerda por qué resulta especialmente grave que se pretenda limitar la posibilidad de crear nuevos proyectos. Más que preocuparnos de qué noción valórica predomina, o de prohibir y regular, debemos defender la libertad de enseñanza, que permite que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación que se ajuste a sus preferencias.

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