Columna en El Líbero: La PSU y alternativas de elección

• 26 de Diciembre, 2016

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Hoy se conocieron los resultados de la Prueba de Selección Universitaria y con ello se da inicio al proceso de postulación a las instituciones de educación superior. Cerca de 290 mil jóvenes rindieron el examen y podrán postular a alguna de las 59 universidades o 91 instituciones técnicas existentes en el país, con la esperanza de acceder a las oportunidades que la educación superior ofrece. Pasarán a formar parte de un amplio grupo de personas que siguen estudios superiores (aproximadamente 1.250.000), de los cuales se estima que un 65% corresponde a la primera generación de su familia en hacerlo.

Estos antecedentes dan muestra de un sistema que ofrece a los jóvenes una amplia gama de alternativas, acorde a las capacidades e intereses de cada uno, cuyos pilares fundamentales son la libertad, la diversidad y la autonomía institucional. Su consolidación comenzó durante los primeros gobiernos de la Concertación, como consecuencia de la aplicación de las reformas de 1980 que permitieron precisamente la creación de nuevas universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Hasta esa fecha, Chile se caracterizaba por tener una educación superior elitista, que ofrecía pocas oportunidades y se concentraba en las familias de mayores ingresos, todo muy diferente al acceso universal que la literatura internacional hoy le reconoce.

De hecho, antes de 1980 la matrícula total en educación superior no pasaba de las 150.000 personas, distribuidas en ocho instituciones; es más, desde 1990 a la fecha  la cobertura del quintil de menos ingresos se multiplicó por ocho, siendo hoy prácticamente la misma que la que correspondía al quintil más rico a principios de los 90. La necesidad de expandir el sistema era evidente, no solo para alcanzar mayor cobertura, sino también para ofrecer alternativas variadas, lo que obligaba a abrir las puertas a nuevos actores. Podríamos imaginar un escenario muy poco probable en que las ocho instituciones existentes antes de 1980 hubiesen multiplicado su matrícula por 10 para alcanzar la cobertura actual, pero aun así no alcanzaríamos la diversidad que hoy se aprecia.

Es interesante tener en cuenta el contexto descrito a la hora de analizar el debate actual. No es raro escuchar voces que hacen ver la supuesta necesidad de controlar las vacantes de carreras que se imparten apelando a un exceso de profesionales y un restringido campo laboral. En esa línea, es común escuchar abogados, periodistas y odontólogos, por nombrar algunos, que orgullosos del estatus que su título otorga, hacen ver los “riesgos” de que sus profesiones dejen de ser exclusivas y muchos estudiantes puedan acceder a ellas. Se insiste en que “alguien” debiese tomar medidas y determinar qué carreras se debiesen impartir y quiénes podrán acceder, todo en nombre del progreso.

Este discurso se expande con una facilidad preocupante y tiene efectos que aparentemente no han sido correctamente analizados. Se hace evidente la necesidad de pronunciarse respecto de la masividad del acceso a la educación superior. Quienes vemos en la educación un gran motor de movilidad social consideramos que ampliar el acceso a ella es un deber ineludible, restringir carreras y vacantes es contrario a ese propósito, y sería interesante que quienes insisten en ello se manifiesten. En efecto, las restricciones en la cobertura afectan en mayor medida a los jóvenes de menores ingresos, lo anterior considerando la selectividad que caracteriza al sistema universitario y la fuerte correlación que existe entre el mayor nivel socioeconómico y los mejores resultados en las pruebas de selección.

Otro aspecto relevante es a quién se le entrega la atribución de determinar qué carreras y en qué número debiesen impartirse. A las universidades les interesa que sus egresados tengan trabajo y buenas remuneraciones, por lo que son las primeras en preocuparse respecto de la pertinencia de sus carreras. Para que esto sea efectivo, la información es fundamental. Por el contrario, entregarle al Estado (y por ende al burócrata de turno) la facultad de decidir qué y quiénes pueden estudiar sólo amplía las posibilidades de error, que en este caso se traducen en privar arbitrariamente a un joven (normalmente a los más vulnerables) de la oportunidad de desarrollar sus capacidades en la forma que consideraba adecuada.

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