Columna en El Líbero: Las contradicciones de la Nueva Mayoría

• 1 de Mayo, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

En junio de 2011 los presidentes de los partidos de la Concertación, más el Partido Comunista, en un anticipo de lo que sería luego la Nueva Mayoría, firmaron un acuerdo donde tomaban posición respecto de las características que, a su juicio, debía tener el sistema de financiamiento estudiantil, entre otras materias.

La comparación entre ese documento y lo que hoy proponen esos mismos partidos políticos resulta muy interesante, en particular ahora que el proyecto de ley sobre educación superior debe discutirse en detalle en la Cámara de Diputados, y considerando que el diagnóstico que dio origen a esa declaración no dista mucho del actual. Veamos primero cuál es la postura oficial actual de todos los partidos de la Nueva Mayoría.

Al igual que el Gobierno, insisten en la gratuidad universal para la educación superior, esto es, el pago de los estudios de todos los alumnos sin distinguir su nivel socioeconómico. El mecanismo para lograr ese objetivo consiste en transferencias directas desde el Fisco a las universidades o instituciones técnicas, las que en régimen no podrán cobrar a ningún alumno de pregrado y deberán adecuar sus proyectos a los montos que reciban, los que considerando las restricciones financieras del Estado, tienden a ser menores a lo que efectivamente necesitan los planteles para solventar proyectos de calidad. Consecuentes con la exigencia de la gratuidad universal, parlamentarios de Gobierno han exigido la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). El Gobierno, apelando a la racionalidad, ha dicho que reemplazará ese crédito por otro, pero está por verse si eso satisface las exigencias de quienes ven en la gratuidad el único camino posible.

Pero, ¿qué dijeron los presidentes de los mismos partidos en 2011? Todo lo contrario. En ese entonces, hasta Guillermo Teillier señalaba que “debe existir un solo sistema de becas y créditos para la educación superior”. Efectivamente, hablaban ya en ese tiempo de gratuidad, pero en términos muy diferentes a los que exigen hoy: acotada a los alumnos del séptimo decil de menores ingresos y mediante un sistema de becas. Nada de gratuidad universal.

Para los presidentes de los partidos de la oposición de entonces, el sistema de crédito era una base fundamental del sistema de financiamiento estudiantil. Incluso llegaron a proponer una fórmula que, curiosamente, es muy similar a la que Sebastián Piñera impulsó mediante un proyecto de ley que el actual Gobierno dejó sin tramitar. Decían entonces que “El CAE deberá ser sustituido hasta alcanzar los estándares del actual crédito solidario y ser accesible desde el inicio a todos los estudiantes de educación superior. Dicho sistema deberá asegurar que el cobro del crédito sea contingente al ingreso, para garantizar que las cuotas nunca excedan un cierto porcentaje de los recursos percibidos mensualmente, y que tengan un período máximo de cobro, después del cual el crédito se extinga. Además, se deberá establecer que el nuevo crédito sea gestionado por una agencia pública”. Al borde de la sensatez, como diría el diputado Sergio Aguiló, uno de los firmantes del documento.

El proyecto que hoy se discute sólo ha recibido críticas y dista mucho de lo que la educación superior chilena necesita. En este contexto de posiciones antagónicas y actitudes que desafían el básico principio de no contradicción, ¿qué es lo que efectivamente harán los dirigentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría, conociendo los efectos negativos del proyecto de ley que apoyan?

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