Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
El 1 de agosto entra en funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior, constituyendo la nueva y última institucionalidad que establece la Ley 21.091. Organismo que, sin siquiera haber entrado en régimen, ya ha sido blanco de comentarios por el nombramiento del subsecretario, polémica que no sólo es comidilla farandulera, pues quién se haga cargo será clave para el desarrollo del sistema.
El nuevo organismo tiene un desafío importante y en parte debe justificar su creación. Hasta el momento era la División de Educación Superior (Divesup) la que asumía las tareas que la normativa le encomienda, por lo que su ascenso a una mayor categoría tiene que ir de la mano con una transformación en la manera de actuar y prioridades en la educación superior, logrando saber instalarlas como parte de la agenda ministerial.
La subsecretaría tiene que ser el motor que impulse las políticas y dé rumbo a las discusiones. Si bien luego de las reformas que estableció la ley era de esperarse que el trabajo se enfocara en su implementación, ha faltado una visión clara de cómo éste se lleva a cabo y cómo se promueven los cambios que se requieren para su correcta aplicación. Así, a pesar de que se han presentado iniciativas legales, éstas no han contado con el debido empuje por parte del gobierno.
Ejemplo de lo anterior es el proyecto de ley corta que busca mejorar el traspaso hacia el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. La extendida discusión que se le ha dado está poniendo en juego el objetivo mismo de la normativa, pues los plazos que busca corregir la iniciativa ya están por cumplirse, pudiendo afectar los procesos de acreditación de las instituciones. Si bien gran parte del problema se debe a la labor parlamentaria, es precisamente ahí donde será clave el rol del subsecretario, sabiendo zanjar la discusión y dando la urgencia necesaria para despachar el proyecto en el corto tiempo.
Por otra parte, corresponderá a la subsecretaría hacerse cargo del nuevo sistema de acceso a la educación superior. Debe ser ella quien tenga la iniciativa y guíe el debate, presentando propuestas y dando certezas de lo que viene hacia el futuro para los estudiantes, los establecimientos escolares y las instituciones de educación superior. Aunque los encargados de definir la política -conforme a la ley- son los dos Comités Técnicos (Universitario y Técnico Profesional), la nueva entidad tiene que dar señales claras del cambio del sistema, el que comenzará a funcionar a partir del 2020.
Por último, está el sistema de financiamiento. Lejos de estar zanjado mediante la gratuidad, se presentan nuevas preocupaciones que deben ser atendidas, cuestión que no puede hacerse de manera aislada o reactiva a los problemas que surgen, sino que de forma sistémica e integral. En ese sentido, es necesario reactivar la discusión respecto del nuevo crédito que reemplaza al CAE, pues no es posible seguir aplazando esta decisión y hay que determinar la manera en que se requiere avanzar. Además, se suma la nueva fijación de los aranceles regulados, que sin duda representa una fuente de preocupación para las instituciones, pues de ellos dependerá los montos que reciban por gratuidad.
El liderazgo del nuevo subsecretario será crucial para llevar adelante cada uno de estos temas. La instalación del organismo permitirá darle un nuevo aire e impulso al debate; sin embargo, deberá adoptar una agenda clara y convocante para que tanto la implementación como las mejoras que ya se han presentado puedan llegar a buen puerto.