Columna en El Líbero: Libertad de enseñanza en alerta

• 24 de Febrero, 2022

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar; y Borja Besa, investigador legislativo de Acción Educar.

El panorama en la Convención Constituyente es preocupante, por decir lo menos. Ha recorrido un camino difícil e irregular y lo que viene no asoma como mucho más esperanzador. Con un reglamento poco respetado, con grandes discursos ideológicos y con cada vez más constituyentes ansiosos de subir a la retroexcavadora; no ha sido posible la construcción de la “casa de todos”.

Preocupa de norte a sur, pasando por los “amarillos”, la forma que en la que se está escribiendo la carta fundamental, asemejándose cada vez más a las de algunos países que no se caracterizan por sus sistemas libres y democráticos. La eliminación del Senado para optar por un congreso unicameral, sistemas de justicia diferenciados, sin igualdad ante la ley sino dependiendo del tipo de persona que se somete a la justicia, entre otras cosas; mantienen en vilo a muchísimos en que se amparaban en los dos tercios por una Constitución moderada.

Se encienden las alertas entonces respecto a cómo será la discusión en torno a un tema tan fundamental como lo es el derecho a la educación. El órgano constituyente ya ha dado algunas luces de cómo pretende regular el tema, derribando piedras angulares centenarias, tanto en Chile como en el mundo, consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos, como lo son la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

La Comisión de Derechos Fundamentales, en uso de la mayoría política con la que cuenta, ha rechazado este fundamental derecho en cada ocasión que ha asomado. Así, luego de haberse opuesto en un inicio a que éste se incluyera en el reglamento para ser discutido en dicha instancia, los que dicen estar por la diversidad y el respeto a todos, el martes pasado descartaron la inclusión en el texto constitucional de un inciso del siguiente tenor literal: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Esto en el contexto de la discusión de la libertad religiosa.

Es decir, la comisión dictaminó, dentro del proyecto maximalista que parece configurarse, que en la probable extensa lista de derechos no se incluirá que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Peligrosa señal para interpretar. Negar la opción de que las personas libremente disciernan y escojan la educación y religión que quieren transmitir a sus hijos es propio de regímenes totalitarios. A veces asoma una interpretación más simple y más triste, quizás es tal la animadversión de la mayoría de los convencionales hacia todo lo que sea anterior a ellos, que están dispuestos a sacrificar el futuro de un país completo por ello. Ciertamente no sabemos cuál de las dos es peor.

A pesar de lo anterior, el debate en torno a este tema aún no está zanjado y puede quedar todavía esperanza. El mecanismo de participación ciudadana que permitió levantar iniciativas populares de norma logró que más de 56 mil personas a lo largo de todo Chile alzaran la voz por la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos y la existencia de un sistema de provisión mixto que garantice efectivamente este derecho. De hecho, esto se logró a través del apoyo de dos propuestas que se ubicaron dentro de las 10 más votadas.  En ese apoyo popular parece estar la última esperanza de la libertad de enseñanza.

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