Columna en El Líbero: Lo que viene en materia escolar

• 29 de Enero, 2018

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Las reformas educacionales aprobadas durante los últimos cuatro años presentan para el próximo gobierno importantes desafíos y, también, interesantes oportunidades. El Presidente electo ha dado señales claras de que su administración tendrá un sello unitario y constructivo, muy distinto a la cultura de la retroexcavadora que algunos intentaron imponer; en ese contexto, le corresponderá implementar una serie de cambios profundos al sistema educacional, compatibilizándolos con una visión de sociedad que no restringe lo público a lo meramente estatal y que valora el aporte de los individuos al desarrollo del país.

Sin perjuicio de diversos aspectos en los que hay consenso que se necesitan correcciones, y de las dificultades que con seguridad surgirán a medida que se implementen los cambios, las reformas heredadas permiten dar por zanjados ciertos debates cuya mantención tenía frenado el desarrollo del sistema. Así, se abre un espacio claro para abordar temas esenciales que han estado marginados, como el acceso a una educación parvularia de calidad, que constituye uno de los ejes centrales del programa del próximo gobierno.

En materia escolar, recuperar el foco en lo que ocurre dentro de la sala de clases es uno de los principales desafíos. Para ello, restablecer lazos de confianza entre el Estado, las familias y los establecimientos educacionales es fundamental, lo que pasa por reconocer mayores espacios de autonomía para impulsar proyectos diversos. Liberar la carga administrativa de los colegios, dándoles espacio a los directores para que concentren su esfuerzo en los aspectos pedagógicos, es una tarea ineludible.

En lo que se refiere a la educación pública, los esfuerzos estarán en la paulatina desmunicipalización que se inicia con los nuevos Servicios Locales de Educación y la nueva Dirección de Educación a nivel nacional. Esta reforma fue criticada por el alto riesgo de centralizar decisiones que son propias de la gestión local, lo que dificulta que las necesidades de la comunidad queden bien resueltas. Los desafíos que implica el nuevo sistema son enormes y pasan por la implementación de los nuevos servicios, el adecuado manejo de la transición y la autonomía en la gestión de los establecimientos. En cuanto a la implementación, no es evidente que por el solo hecho de traspasarse al Estado el servicio educativo éste mejore, considerando que el principal problema radica en las menguadas capacidades de los municipios que no lo han hecho bien en esta materia y que, sobre ese punto, la nueva ley nada agrega.

Respecto de la transición, es posible que los municipios que continúan administrando sus colegios dejen de invertir en ellos, por lo que habrá que ver cómo mantener los incentivos para que no los abandonen, sabiendo que dentro de pocos años deberán traspasarlos a otra entidad estatal.

Por último, habrá que velar por evitar que todo el esfuerzo de política pública que se ha hecho para dotar a los establecimientos de mayor autonomía —reflejado en directores empoderados y sostenedores vinculados a la realidad local— choque con la nueva cultura de administración central que la nueva ley impone.

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