Columna en El Líbero: Mejoras y problemas persistentes en educación superior

• 22 de Enero, 2018

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Luego de un trabajo intenso, la Comisión de Educación del Senado aprobó la semana pasada el proyecto de ley sobre educación superior. Aunque persisten deficiencias asociadas fundamentalmente al financiamiento de la gratuidad y su diseño, el paso por el Senado permitió enmendar una serie de aspectos del proyecto original, reenfocando el nuevo marco normativo a una lógica de respeto a la diversidad de proyectos y la autonomía de las instituciones de educación superior para llevarlos a cabo. La puesta en marcha de la nueva Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, así como los cambios a la Comisión Nacional de Acreditación, serán tareas complejas que el próximo gobierno deberá asumir con la responsabilidad de llevarlas a cabo sin perder el foco en la promoción de la calidad, la diversidad y la calidad del sistema.

En lo que a financiamiento se refiere, la fijación de aranceles y vacantes sigue siendo una de las cuestiones más polémicas. Desde todos los sectores políticos y técnicos existen dudas respecto de qué tan posible es para el Estado determinar adecuadamente el monto de los aranceles de las instituciones de educación superior, así como del riesgo de que dicho cálculo termine afectando la calidad de proyectos que, tal como ya está ocurriendo con la gratuidad, sufren déficits como consecuencia de una fijación de precios inadecuada. A esto se agrega la alta dependencia estatal que el nuevo mecanismo de financiamiento implica, vinculando directamente el desarrollo de las instituciones de educación superior a la disponibilidad de recursos del fisco.

Otra cuestión compleja dice relación con la cobertura de la gratuidad y la fórmula que el gobierno escogió para ir aumentándola en el tiempo. Así como no hay duda de que los jóvenes pertenecientes a familias del 60% de menores ingresos tendrán gratuidad, está también claro que el país no tiene los recursos para ampliar esa política a los de mayores recursos. Con el afán de mantener, al menos en el papel, su promesa de gratuidad universal, el gobierno propuso una fórmula en virtud de la cual los jóvenes de mayores ingresos tendrán acceso a la gratuidad en la medida que se cumplan ciertas condiciones que pasan por la constatación de un aumento de los ingresos fiscales en relación al producto interno bruto. Esta innovación implica un reconocimiento al hecho de que la gratuidad universal no está hoy financiada, lo que hace dudar de la constitucionalidad del mecanismo. De hecho, El ejecutivo explicó que para que se cumplan las condiciones fijadas serán necesarias nuevas reformas tributarias y que lo que se recaude por esa vía se destinará al menos en parte a la gratuidad, confirmando que se trataría de una afectación tributaria a una finalidad específica, vulnerando las normas constitucionales sobre la materia.

La fórmula del gobierno implica que el Congreso actual estará tomando decisiones sobre recursos cuyo origen se desconoce y que no están disponibles, para ser gastados en un futuro incierto. En rigor, corresponde que otro gobierno y otro Congreso legislen sobre la materia, una vez que los recursos estén y se genere el debate respecto de en qué conviene gastarlos.

La postura de los senadores de oposición, que no fue considerada por el Ejecutivo, se hacía cargo de este asunto, agregando a las condiciones para el avance de la gratuidad la necesidad de enviar, en su momento, un proyecto de ley que haga referencia a recursos existentes y permita debatir seriamente sobre su destino.

Por último, con este proyecto no queda duda de que la realidad financiera del país sólo permite financiar la gratuidad para los jóvenes del 60 % de menos recursos, lo que obliga a contar con un sistema de créditos que complemente las políticas de acceso a la educación superior.

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