Columna en El Líbero: Modificaciones a la Ley de Inclusión; Peras y olmos

• 6 de Diciembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En una entrevista, la ministra de Educación Marcela Cubillos anunció que en enero del próximo año se enviaría un proyecto de ley para modificar ciertos aspectos referentes al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Si bien no se conocen detalles, se entiende que estos cambios apuntarían a flexibilizar el modelo actual en relación a criterios ya existentes -favorecer que quienes viven en el mismo hogar asistan al mismo establecimiento y priorizar estudiantes vulnerables- y establecer uno nuevo para la educación media: el mérito académico. Es este último elemento el que más discusión ha generado.

Y es esperable que sea así, pues reabre un debate en la cual no hay acuerdo: ¿cuál debe ser el espacio del logro académico en el proceso de admisión escolar? Hay relativo consenso en que en la educación básica esta forma de selección no es tolerable -pues es indiferenciable de la discriminación arbitraria-, pero en la educación media parece tener más aceptación. La Nueva Mayoría pudo haber previsto esto y, en lugar de dejarse llevar por el delirio radical que la caracterizó, permitir un espacio razonable de selección académica. El error de la Ley de Inclusión fue ser demasiado extrema en su espíritu: su planteamiento es que toda selección es discriminación, todo mérito es privilegio ilegítimo, toda ventaja es diferencia de clase, y las notas son solo un reflejo de la billetera de los padres. Pasado el fervor, hoy el sentido común parece ver grietas en un discurso tan cerrado.

El punto central es que la forma en que se determine el mérito académico es crítica a la hora de diferenciarla de la discriminación. Para que funcione, la medida debe ser un reflejo lo más objetivo y confiable posible de las capacidades académicas de los estudiantes, intentando aislar el efecto del capital cultural del hogar, sin castigarlo. En ese sentido, el rendimiento académico pasado, reflejado en las notas de enseñanza básica es un mal indicador. A eso se suma que, muy probablemente, generará inflación artificial de notas, algo que se observa en todo el mundo y en Chile con la PSU. Una prueba de admisión es un mejor método. Puede ser visada por la Superintendencia, la que otorgaría garantías adicionales de no discriminación, y puede ser complementada o incluso moderada con información socioeconómica.

Todo lo anterior no es “retroceder”, ni siquiera vulnerar la Ley de Inclusión. Son cambios que tienen lugar en el marco que esta ley define, solo que moderan visiones obtusas. Un alto promedio de notas o un rendimiento académico superior no le otorga más derechos a un estudiante por sobre otro, pero eso no implica que deban ser tratados exactamente igual en materia de admisión. La señal que se da, invisibilizar todo esfuerzo y deslegitimar toda diferencia en resultados, es nefasta. Los parlamentarios de la oposición debieran, al menos, abrirse a discutir en base a la evidencia que el Mineduc proporcione respecto del funcionamiento del SAE a la fecha.

Sin perjuicio de todo lo anterior, es relevante ser claro en que ninguno de estos cambios afecta realmente la eficiencia del algoritmo de asignación. Sin importar si se considera el mérito académico o no, debemos acostumbrarnos a que entre un 15 y 20% de los postulantes, cada año, no quedará en ninguna de sus preferencias. Esto generará frustración y rabia, probablemente la misma que existía antes (ahora se le puede echar la culpa a un mono de paja, “la tómbola”), pero no se le pueden pedir peras al olmo. Si bien los cambios que sugiere el ministerio para dar valor al rendimiento académico son deseables y debieran prosperar, para moderar el número de estudiantes no admitidos se requieren otras estrategias: campañas mucho más agresivas e intensas de información sobre los proyectos educativos disponibles, proveer datos mediante vías cercanas a las personas (las páginas web son fundamentales, pero no bastan) e investigar más profundamente los criterios con los que los padres eligen, entregando información acorde.

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