Columna en El Líbero: Nuevo crédito para la educación superior; el bosquejo de una identidad

• 11 de Junio, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El gobierno presentó el jueves pasado un nuevo crédito para la educación superior, cuya finalidad es reemplazar el Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) por una herramienta de financiamiento única, no discriminatoria, fiscalmente responsable y sustentable en el tiempo. Además, reconoce y valora el mérito académico de los estudiantes, pone exigencias a las instituciones y no obsta el funcionamiento de la política de gratuidad. Sus características técnicas generales ya han sido ampliamente difundidas en la prensa (crédito estatal sin la banca, con 2% de interés, una cuota máxima de 10% del ingreso, suspensión de pago por cesantía o bajos ingresos y condonación de todo remanente tras 15 años de pago).

Se trata de una iniciativa muy compleja, que busca equilibrar responsabilidades entre estudiantes, instituciones y el Fisco. Tomará tiempo mirar los números y definir los principales afectados y beneficiados. Pero es posible hacer una breve evaluación.

¿Lo bueno? Por primera vez el Estado reconoce que la brecha entre el subsidio estatal y costo real de educar es un problema a abordar. Ningún beneficio estudiantil masivo y fiscalmente responsable puede cubrir la totalidad del arancel. La pregunta que nadie ha podido resolver es qué hacer con esa brecha para que no sea un impedimento a la libre elección de los estudiantes, un techo al desarrollo del sistema ni un incentivo a la inflación artificial de los aranceles. Recordemos que la gratuidad de la Ley de Educación Superior, con una postura digna de un artículo de años dorados de Pravda, trata de convencernos que esta brecha es inexistente, o más bien, que se trata de un invento abusivo de las universidades. Esa fantasía, fruto del voluntarismo del gobierno anterior, tiene a la Universidad Diego Portales con un gravísimo e insostenible déficit financiero, y al DUOC dejando de recibir 1.300 millones de pesos al año.

¿Lo malo? La prohibición de cobrar a los estudiantes de los primeros seis deciles de ingreso que accedan al nuevo crédito –lo que se entiende como una fijación indirecta y focalizada de precios- afectará desproporcionadamente el desarrollo futuro de las universidades privadas masivas. Si estas instituciones optan por mantener su foco en la docencia puede que no se vean demasiado afectadas en el presente. Pero si quisieran transitar a la investigación y la extensión, o invertir en crecimiento, requiriendo más recursos que sólo los que pueden obtener vía aranceles, la fijación de los mismos las condenará al estancamiento que afecta hoy a las universidades gratuitas, con la diferencia de que estas últimas reciben generosos aportes basales financiados por el fisco. Hay que pensar una alternativa para que el dinamismo de nuestro sistema no se vea afectado, pues la fijación de precios que este proyecto contiene, que no es nada conveniente, no es tampoco esencial a sus objetivos. La fijación puede ser fácilmente eliminada.

¿Lo mejor? Al fin vemos un proyecto de ley que permite perfilar la identidad de este gobierno. Solidaridad, pragmatismo, visión de largo plazo, autonomía, libertad. Sin perjuicio de que se puedan mejorar aspectos clave -en particular eliminar la fijación indirecta de aranceles-, finalmente se traza la expresión concreta de un proyecto político, de una visión de sociedad. La triste y evidente impostura política en la ampliación de la gratuidad, con la intragable frase “la gratuidad llegó para quedarse”, estaba pasando a ser un espectáculo de mal gusto. En cambio, ahora vemos los rostros de quienes ganaron la elección. Un síntoma claro de esto es que, difundiendo este proyecto en los medios, el Ministro ha mostrado una prestancia comunicacional y una precisión que no se le había visto. Al fin habla desde sí mismo sobre algo que de verdad cree. Y se nota.

Leer columna en El Líbero.