Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
El proyecto de ley que pone fin al lucro, selección y copago en la educación escolar subvencionada contempla, entre otras medidas, una restricción a la apertura de nuevos establecimientos educacionales subvencionados. Aunque esta arista no ha sido tan profusamente discutida en el debate público, es otro aspecto grave que debiera abordarse y corregirse en el marco de las indicaciones que se realicen en el Senado.
En efecto, el texto especifica que el Ministerio de Educación sólo entregará subvención a nuevos colegios que se instalen en territorios donde “exista una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por otros colegios” municipales o particulares subvencionados.
Esta medida atenta contra la libertad de enseñanza que ha sido promovida en Chile desde el siglo XIX y que está consagrada como una garantía en nuestra Constitución, que reconoce expresamente el derecho de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, no existiendo otras limitaciones que “las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. En el caso de los colegios particulares subvencionados, este derecho se hace efectivo precisamente a través de la subvención que entrega el Estado para financiar el funcionamiento de establecimientos diversos que sean demandados por las familias.
Un reciente estudio de Acción Educar da cuenta de que si sólo se considera un criterio de demanda insatisfecha, tal como lo propone el proyecto de ley, sería imposible la creación de nuevos colegios subvencionados en prácticamente todo el territorio nacional. En más de un 85% de las comunas de Chile no se podría instalar un nuevo recinto de aprobarse esta restricción. Juan Fernández, Laguna Blanca, Taltal o El Tabo son algunas de las escasas comunas donde sí habría cabida para un nuevo establecimiento. Al realizar un análisis dentro de un territorio más acotado, se observa que sólo el 10% de los colegios están instalados en sectores donde habría cabida para nuevos proyectos educativos bajo el nuevo escenario propuesto en el proyecto de ley.
De este modo, al restringir la entrega de la subvención como lo hace este proyecto se priva al sistema de un instrumento que pone la libertad de enseñanza al alcance de todos los chilenos, limitando con ello también las posibilidades de elección de los padres, quienes podrían optar exclusivamente entre los colegios ya existentes. La libertad de enseñanza, es decir la posibilidad de abrir, organizar y mantener un proyecto educativo determinado, pasará a ser un privilegio de filántropos y familias acomodadas, que no necesitan subvención estatal para desarrollar proyectos educacionales.
En los sectores donde hay establecimientos con vacantes disponibles, no podrá crearse un nuevo proyecto educativo. Esto a pesar de que, por ejemplo, los colegios que ya existan no ofrezcan una alternativa de la preferencia de las familias o que se dé el caso que todas las escuelas del sector sean de mala calidad. En esos escenarios, si los colegios que ya están instalados tienen vacantes, se restringirá la entrada de proyectos nuevos que ofrezcan una opción diferente. Lo único que les queda a esas familias es esperar que los colegios que ya existen mejoren, a un alto costo para esos alumnos que podrían verse beneficiados con nuevos proyectos cuya creación se impide.
La justificación de esta restricción entre quienes la promueven es que ella serviría para fortalecer la educación municipal y frenar la fuga de más alumnos de sus aulas. Sin embargo el camino para lograr dicho fin es mejorar la educación pública para convertirla en una alternativa atractiva para los padres. Con una mala justificación se prohíbe la apertura de nuevos colegios y se impide a los estudiantes y a las familias la posibilidad de beneficiarse de nuevos proyectos educacionales que cumplan de mejor modo con sus expectativas.
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