Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Hablar de sequía es exagerado. Incluso si se compara con el gobierno anterior, que tuvo al Congreso cuatro años seguidos bajo el agua. Los proyectos de ley en tramitación en materia de Educación son múltiples, ambiciosos y complejos.
En la Cámara de Diputados el gobierno impulsa un proyecto para facilitar la implementación de la Carrera Docente y la Ley de Inclusión. No es una iniciativa glamorosa, y nadie va a ir a levantar carteles, pero es urgente y debe ser tramitada con celeridad -al menos ya fue votada en general-. En el Senado la situación es similar. Dos promesas de campaña están en manos de la comisión, la ampliación de la gratuidad al 70% de los estudiantes más vulnerables de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales y el nuevo sistema de financiamiento solidario que reemplaza el CAE. Si bien el primer proyecto es tan simplón como innecesario, además de probablemente discriminatorio, es también muy breve y resulta relativamente fácil tramitarlo incluso para votarlo en contra. El segundo es urgente, de gran complejidad y significativa notoriedad pública, el cual afortunadamente empezará a tramitarse esta semana. Adicionalmente, el Ejecutivo ingresó un proyecto para postergar la implementación del nuevo Sistema de Admisión Escolar en la región Metropolitana, algo en lo cual habría consenso técnico (a pesar de la histeria desmedida que le provoca a la academia de oposición conversar del tema).
Hablar de obstrucción tiene algo más de fundamento y es de alguna manera esperable, dado que las comisiones de ambas cámaras están compuestas en su mayoría por parlamentarios poco interesados en dejar respirar al gobierno en educación y ávidos de retomar eslóganes callejeros. Sin perjuicio de lo anterior, ha habido además una obstrucción por parte de ellos mediante propuestas oportunistas. En el Senado, se discutió una iniciativa que buscaba prohibir los colegios de un solo sexo, la cual fue rechazada. El oficialismo hizo otro tanto en la cámara con una moción que deroga el Sistema de Admisión Escolar de la Ley de Inclusión (que tiene la misma factibilidad política que permitir la caza del pudú). Usar el tiempo en discutir ideas inviables, cuando hay proyectos significativos en tramitación, es una forma de obstrucción.
Con todo, para el sistema educativo este estado de cosas es mucho mejor que el frenesí legislativo del que está saliendo. Acusar al Ministerio de Educación de presentar pocos proyectos, cuando dedica su tiempo a reparar e implementar una serie de reformas estructurales -algunas de muy baja calidad técnica, otras con muchas omisiones y cabos sueltos, todas de enorme complejidad- es de mala fe. Sobre todo, cuando esta acusación proviene de los parlamentarios que legislaron activamente en estas materias y son corresponsables de los errores que las reformas tienen. Un poco de humildad, alguna autocrítica y algo de ganas de colaborar podrían haber evitado una semana de discusiones vacías y de poco significado para la ciudadanía.