Columna en El Mercurio: CAE; Condonación y reemplazo

• 1 de Febrero, 2022

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El Crédito con Garantía Estatal (CAE) es un beneficio estudiantil que ha dado acceso a la educación superior a más de un millón de personas, ampliando de forma muy significativa la cobertura de la misma. Lo utilizan estudiantes de todos los quintiles de ingresos, en prácticamente todas las instituciones acreditadas, ya sean públicas o privadas, universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.

El CAE recurre a la banca para asegurar liquidez y capacidad real de restitución de los recursos. El Estado y las instituciones de educación superior comparten el riesgo financiero, pero el primero subsidia la tasa de interés. Una vez que terminan sus estudios, los alumnos acceden a un esquema de pago que permite –  mientras se mantengan al día – que su cuota mensual nunca supere el 10% de sus ingresos y suspender los pagos en caso de cesantía o estudios de postgrado en el extranjero.

A pesar de las reformas, el CAE entró en una crisis de legitimidad, debido a un diseño de política que no consideró la situación de quienes no terminan sus carreras (y por lo tanto no se beneficiaron de un título) y que por diversas razones dejaron de pagar, perdiendo los beneficios y entrando en una situación de endeudamiento contraria al espíritu de la norma. Por otra parte, la participación de la banca, actualmente, resulta onerosa para el Fisco. En concreto, hoy el Fisco es acreedor de un 56% del total de la cartera. En vista de lo anterior, dos proyectos de ley, uno de la Presidenta Bachelet y otro del Presidente Piñera, han intentado reemplazar el CAE por otro crédito, pero ninguno de ellos ha prosperado en su tramitación legislativa.

El programa de gobierno del Presidente electo propone como solución la condonación universal de las deudas resultantes del CAE. Esta es una mala política pública y las razones son varias y de peso.

En primer lugar, implica desembolsar un monto cercano a los 10.200 millones de dólares, es decir 3,34 puntos del PIB. Esto representa el 13% del total del presupuesto nacional, y permitiría, entre otras cosas, financiar el gasto anual del país en jardines infantiles hasta por siete años. ¿Es razonable volver a priorizar la educación superior, como hiciera Bachelet, cuando este año se gastará la impresionante cifra de 1.400 miles de millones de pesos solo en gratuidad?

En segundo lugar, no todos los beneficiarios son iguales. Según la Comisión Ingresa, 63% de los egresados está al día, pero de quienes abandonan sus estudios solo un 24% lo está. La deuda promedio es de 6,8 millones de pesos y el 50% debe menos de 5 millones de pesos. Pero cerca de 43.000 deudores tienen una deuda de más de 20 millones de pesos. La cuota promedio es de 1,42 UF, pero hay cerca de 20.000 deudores cuya cuota es de más de 4 UF mensuales. En resumen, la condonación universal destina recursos públicos a quienes hoy no lo necesitarían.

Tercero, los contribuyentes tienen derecho a conocer las condiciones en que el Fisco pretende endeudarse para dicha condonación. Se ha hablado de un crédito al extranjero, que se pagará en cuotas de 300 millones de dólares anuales, por 20 años. ¿Cuánto de esa cuota son intereses? Recordemos que quienes pagan, son los contribuyentes, y lo harán vía mayores impuestos o menores beneficios y prestaciones sociales en el futuro.

El punto central, sin embargo, no es el error de condonar, si no la urgencia de un reemplazo. Más de 320.000 estudiantes utilizan año a año el CAE para seguir estudiando, de los cuales más de 61.000 lo solicitan por primera vez. ¿Qué ocurrirá con estos estudiantes? La gratuidad para ellos no es viable, algo que reconoce el programa de gobierno de Apruebo Dignidad al proponer reemplazar el CAE por otro crédito transitorio. Pero el sector que asume el poder Ejecutivo ha tomado el lema de “no más deuda educativa” como un mantra que ha impedido cualquier avance.

El problema del CAE no es solo político y financiero, es también educativo. Los logros en cobertura y acceso no son solo números, sino personas que en su mayoría son los primeros de su familia en acceder a la educación superior. Y desde ahí ven la posibilidad de materializar sus proyectos de vida. Que el Estado siga entregando esta oportunidad es un deber ineludible, por ejemplo, mediante un crédito estatal, contingente al ingreso, tasas altamente subsidiadas y que proteja la diversidad del sistema. Cualquier opción que implique reducir la cobertura del sistema debe ser rechazada.

Leer columna en El Mercurio.