Columna en El Mercurio: Educación superior, una alternativa mirando el largo plazo

• 17 de Mayo, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar; y Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La reforma a la educación superior impulsada por el Gobierno ha retomado su discusión luego de ser rechazada por la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La indicación sustitutiva no trajo cambios sustantivos a la iniciativa, y se insiste en la gratuidad universal y en un listado extenso de controles y presiones estatales, cuyo impacto en el sistema será negativo.

Para abordar la discusión en particular se debe distinguir entre la política de gratuidad universal y los demás aspectos del proyecto, para los cuales es factible proponer mejoras que apunten al máximo desarrollo posible del sistema de educación superior.

En este sentido, la Superintendencia que el proyecto crea es necesaria; sin embargo, se deben establecer los resguardos suficientes para que sus atribuciones no restrinjan la iniciativa o la capacidad de innovar de las instituciones de educación superior. Uno de los aspectos centrales es definir qué se entiende por “supervisión de la viabilidad financiera” de las instituciones de educación superior y enmarcar esta función, la que debe ser coherente con la heterogeneidad de estas y su respectivo estado de desarrollo.

Otro aspecto relevante es reponer la lógica de “pesos y contrapesos”, que ha sido una característica esencial del sistema, correspondiéndole al Consejo Nacional de Educación (CNED) un rol fundamental en esta materia. El proyecto le quita atribuciones al Consejo concentrándolas exclusivamente en la Superintendencia, lo que debe ser corregido.

Respecto del aseguramiento de la calidad, la acreditación que propone el Gobierno conlleva el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todos hacia un modelo de universidad compleja. Mejor alternativa es una acreditación obligatoria, pero que establezca categorías diferentes y no jerárquicas por la que cada institución deberá optar: universidades complejas, universidades docentes, institutos profesionales y centros de formación técnica. La facultad de aprobar los criterios y estándares de calidad debe recaer en el CNED y no en un comité con alta participación política.

Por último, el proyecto de ley profundiza las discriminaciones arbitrarias en perjuicio de las instituciones privadas creadas con posterioridad a 1981, lo que redunda en una discriminación también arbitraria hacia sus estudiantes. Debe eliminarse la posición privilegiada del CRUCh como órgano asesor de la Subsecretaría, y se requieren normas de calidad y fiscalización que sean de aplicación general e incluyan a la totalidad de las instituciones.

Así como hay espacio para mejorar el proyecto en lo que a institucionalidad se refiere, el escenario es distinto al hablar del financiamiento. La gratuidad universal que impulsa el Gobierno es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la posibilidad de escoger de los estudiantes. Nuestra propuesta es reemplazar en su totalidad la gratuidad planteada en el proyecto, creando un sistema único que incluya una beca de arancel, cuya asignación y monto dependa del nivel socioeconómico del estudiante y su rendimiento académico en conjunto con un crédito estatal subsidiado, contingente al ingreso y con un número fijo de cuotas a pagar. Se deben considerar también fondos directos y concursables para las instituciones, asignados según resultados.

Lo que Chile necesita es una institucionalidad que equilibre adecuadamente el control estatal con la necesaria autonomía de las instituciones, que promueva su desarrollo y reconozca la diversidad de proyectos de calidad, ampliando las posibilidades de elección de los jóvenes.

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