La investigación es uno de los aspectos más importantes del quehacer universitario, dando respuestas y soluciones a una gran cantidad de problemáticas a través de las ciencias sociales y naturales. En ese sentido, Chile se ha sumado a la tendencia mundial, aumentando en los últimos años la cantidad y calidad de sus investigaciones, siendo un actor cada vez más relevante en la producción del conocimiento global. Esto, pese a ser uno de los países de la OCDE que menos invierte en Investigación y Desarrollo (I+D) – 0,4% del PIB contra un promedio de 2,5% del PIB – y siendo una de las pocas naciones que no ha aumentado significativamente su gasto en los últimos 10 años.
A pesar de esta escasez de recursos, las investigaciones del país se encuentran en ascenso. De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), las publicaciones científicas citables han aumentado un 128% entre los años 2012 y 2020. Este incremento se explica por un crecimiento del 85% en las universidades del G9 (universidades privadas creadas antes de 1980), un alza de 118% en las universidades estatales y un aumento del 309% de las universidades privadas creadas después de 1980, una cifra que prácticamente triplica lo alcanzado por sus pares.
Al mismo tiempo, si comprendemos que la mayoría de la investigación se realiza o supervisa por académicos con doctorado, resulta relevante analizar la cantidad de profesionales con este nivel de estudios. Ahí observamos que, en el mismo período de tiempo, los profesores con doctorado en el sistema universitario chileno aumentaron un 90%, cifra que nuevamente fue impulsada por el explosivo crecimiento de las universidades privadas. Así, estas últimas han presentado un aumento de un 202% en docentes de este tipo, creando uno de cada tres nuevos puestos de trabajo para doctores en educación superior, siendo una importante fuente de empleabilidad para el “Capital Humano Avanzado” que se ha perfeccionado en Chile y el extranjero.
Lo anterior deja en evidencia la importancia que tienen las universidades privadas en el ecosistema de investigación del país. Así, en apenas ocho años, éstas han fortalecido su posición, pasando de ser meras espectadoras a posicionarse dentro de las principales instituciones investigadoras de Chile. Sin embargo, y a pesar de su relevancia, aún existen ciertas discriminaciones en materia de financiamiento, lo que se materializa en el trato que reciben por parte del Estado, el cual en diversas situaciones las considera instituciones de segunda categoría y con menos acceso a recursos públicos, los que se otorgan principalmente en base a criterios históricos y políticos. En concreto se tiene que hoy la principal vía para financiar I+D en las universidades se realiza a través de aportes basales y fondos concursables que provienen del Estado y sin embargo, este mecanismo discrimina universidades por su origen: mientras las universidades estatales y pertenecientes al G9 pueden postular a la totalidad de estos fondos, las universidades privadas solo pueden postular a un 10% de ellos, compitiendo en igualdad de condiciones con todo el sistema universitario. Lo anterior tiene como consecuencia que apenas un 1% de los ingresos de las universidades privadas provenga de este tipo de recursos mientras que éstos representan más un 20% del presupuesto total de las universidades estatales y del G9.
No obstante lo anterior y a pesar de tener menos años y encontrarse en una situación de desventaja en su financiamiento, son varias las universidades privadas que han puesto un importante énfasis en la investigación. Su orientación al bien público y búsqueda de la excelencia las ha permitido crecer, innovar y generar conocimiento que ayuda al desarrollo material e inmaterial del país, con ejemplos tales como el observatorio de datos que fundó la Universidad Adolfo Ibáñez junto a Amazon Web Service y el trabajo de la Universidad Andrés Bello para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando como la universidad número uno en Chile por Times Higher Education.
En los próximos años, Chile deberá buscar vías para potenciar la investigación en nuestras universidades. Para ello, resulta clave aumentar los montos dedicados a I+D –ojalá acercándolos a niveles OCDE-, pero no basta con sólo eso. Para un mejor crecimiento del sistema, se debe evitar todo tipo de discriminaciones, dando la oportunidad de financiar los proyectos que generen un mayor aporte a nuestro país, sin importar el origen o la fecha de creación de una institución. El financiamiento a la ciencia se basa en su fin público, y no en donde ésta es producida, y por lo mismo, los recursos deben distribuirse bajo ese criterio. Esta decisión solo beneficiará la generación del conocimiento en Chile, apoyando la diversidad y calidad de nuestra investigación.