Columna en El Mercurio: Gran ausente, el financiamiento a la investigación

• 11 de Agosto, 2016

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La discusión pública respecto de la educación superior en Chile se ha centrado en el financiamiento de la formación de pregrado, en particular en la gratuidad universal. La reflexión sobre la investigación en las universidades ha sido notablemente menos prioritaria, lo que resulta sorprendente, dado que el desarrollo y la difusión del conocimiento es una de las misiones centrales de la universidad. Asimismo, cuando la importancia de los bienes públicos que generan las universidades ha sido un tema central en el debate de la reforma a la educación superior, se hace aún más necesario preguntarse ¿cómo allegar más recursos para este fin?

Un estudio recientemente publicado (ver aquí) ha intentado hacerse cargo de esta pregunta revisando los principales antecedentes disponibles, en particular los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Economía. Según esta fuente, Chile gastó durante 2014 alrededor de $560 mil millones en investigación, equivalentes a 0,38 puntos del PIB. Sin perjuicio del alza respecto de años anteriores, resulta preocupante la posición de Chile en América Latina, detrás de Argentina (0,58%) y México (0,54%). En términos absolutos, la brecha es abismante. Según datos de la OCDE, Estados Unidos invierte en investigación y desarrollo sumas del orden de US$ 400.000 millones, y México, US$ 10.000 millones. Chile alcanza los US$ 1.000 millones, una de las más bajas junto con Rumania y Grecia. Nuestras universidades son responsables de ejecutar nada menos que el 39% de los fondos de investigación y desarrollo, en su mayor parte de origen estatal. El 77% de estos recursos corresponde al pago de salarios de investigadores.

El estudio revisó también cómo se asignan estos recursos, mostrando la relevancia de los fondos basales y Fondecyt. Nuestro análisis entrega evidencia de que los recursos Fondecyt tienden a adjudicarse a investigadores en las instituciones que reciben más aportes basales (al que solo tienen derecho las universidades del CRUCh) y tienen mayor productividad científica, generando una importante concentración del gasto. Conjeturamos que esto se debe a que los investigadores mejor preparados y más aptos para ganar concursos son atraídos por universidades que cuentan con fondos para desarrollar una infraestructura de investigación permanente y que pagan mejores sueldos. Esto hace pensar que la productividad científica en las universidades no CRUCh no tiene que ver con su calidad, sino con una discriminación institucional. Esto pone un techo a nuestra capacidad instalada que podría aprovecharse mejor.

Una propuesta coherente con el sistema chileno de educación superior es la de fondos basales asociados a resultados. Este financiamiento institucional debiera ser opcional para las instituciones y de uso exclusivo para fines de investigación, y su diseño debiera combinar elementos basados en resultados y otros de continuidad, de forma de apoyar a las instituciones que hoy lo están haciendo bien, pero también permitir el ingreso de otras hoy excluidas de los fondos basales.

Los instrumentos basados en resultados, en los cuales el Estado financia a instituciones que han demostrado la capacidad de generar investigación, puede servir como estrategia para atraer inversión privada para crear nuevos centros de conocimiento, que una vez probada su capacidad de proveer bienes públicos, reciban financiamiento estatal. La baja inversión privada en investigación indica que quizás hay una oportunidad que aprovechar. El sistema Fondecyt, administrado por una institución independiente, es valioso y eficiente, pero fuertemente concentrado. Se debieran aumentar dichos fondos y hacer el proceso de asignación más transparente, eficiente y menos burocrático.

El informe financiero del proyecto de ley de educación superior presentado al Congreso indica que en 2018 se espera gastar en gratuidad de los seis primeros deciles de ingreso alrededor de $925.322 millones. Si solo un 20% de estos recursos se usaran en investigación universitaria el próximo año, serían suficientes para aumentar su financiamiento en 85%, y subir en 0,13 puntos del PIB la inversión en investigación. Si bien aún el país estaría lejos del promedio de la OCDE, sería un cambio radical. Sobra decir que esta acción apuntaría a reparar un grave atraso que afecta fuertemente el desarrollo del país.

La gratuidad universal, más allá de sus objetivos declarados, es una política regresiva de acceso, donde Chile tiene indicadores similares a los de países desarrollados.

Leer columna en El Mercurio.