Columna en El Mercurio: Gratuidad que se encarece

• 27 de Agosto, 2020

Por: Magdalena Vergara y Sebastián Carpentier, directora ejecutiva e investigador de Acción Educar.

El último informe de educación de la OECD revela que Chile destina un 5,4% del gasto público a la educación terciaria, el porcentaje más alto y casi dos veces el esfuerzo promedio realizado por los demás países miembros. A nivel regional Argentina, Brasil y Colombia invierten un 2,7%, 3,5% y 2,3% respectivamente.

Gran parte de este gasto se destina a la gratuidad. Según la Contraloría General de la República, en 2018 concentró el 40% de los fondos fiscales invertidos en educación superior. Se esperaba con ella garantizar el acceso y aumentar la participación de los estudiantes de hogares más vulnerables. Sin embargo, la tasa neta de participación de los seis primeros deciles en la educación superior no varió entre 2015 y 2017.

Lo que si cambió drásticamente es dónde se matriculan estos alumnos. En 2015, las IES con gratuidad concentraban el 39% de los estudiantes de los seis primeros deciles, cifra que ascendió a un 60% en 2018. Se ha generado un incentivo económico que condiciona la elección de los estudiantes más vulnerables, segregándolos según el plantel que escojan ¿No sería más justo un sistema accesible por cualquier estudiante independiente de la institución que elija, evitando discriminar a quienes no opten por el sistema universitario o las instituciones estatales?

Por su parte, se han vuelto a levantar las críticas -desestimadas en su oportunidad-, por el déficit que provocaría en los planteles y ante el cual los rectores demandan mayores recursos. El cuestionamiento al Arancel Regulado que no logra incorporar la heterogeneidad y complejidad de los distintos programas es un verdadero déjà vu.

En vista del amplio listado de urgencias sociales y las deficiencias de la gratuidad, aumentarla no parece razonable. Lo adecuado es complementarla con un mecanismo donde los egresados compensen al menos parte de lo que pagó el Estado para garantizar su paso por la educación superior, incorporando un componente de justicia y evitando el diseño regresivo de la gratuidad. Así, un esquema de retribución por contingencia al ingreso, similar al del impuesto global complementario, permitiría que los egresados que perciban un mayor premio salarial contribuyan en mayor medida a sostener un sistema de financiamiento integral para todos los estudiantes.

Se logra así, garantizar el acceso, articular un sistema de financiamiento sumamente fragmentado y conseguir cierta holgura fiscal para impulsar a los sectores educativos que se vieron marginados por la gratuidad. Urge fortalecer la educación técnico profesional, cuyas instituciones reciben menos del 5% del financiamiento estatal, a pesar de representar más del 40% de la matrícula total de educación superior y de tener una concentración de alumnos vulnerables mucho mayor que el sector universitario. Así mismo, la inversión en investigación y desarrollo representa solo un 5% del gasto en educación superior y es la más baja de la OECD, donde representa un 29% en promedio.

Especialmente ante las dificultades y desafíos que enfrenta el país, es fundamental pensar un sistema de financiamiento integral e inclusivo que articule el sistema de educación superior sin exacerbar los problemas que ya vislumbramos y que limitan su desarrollo.

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