Columna en El Mercurio: Los efectos de legislar bajo presión

• 14 de Septiembre, 2016

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

La reforma educacional impulsada por el gobierno ha estado marcada por la crítica, tanto por sus dudosos efectos en la calidad del sistema como por la forma en que se ha llevado a cabo. En el ámbito escolar, al momento de aprobarse la ley que prohíbe el lucro, la selección y el copago las encuestas mostraban mayor rechazo que respaldo ciudadano a esa iniciativa, mientas sostenedores y expertos anticipaban efectos negativos y dificultades en su implementación. Hoy parlamentarios de todos los sectores hablan de la necesidad de reformar la reforma, prorrogando plazos y revisando condiciones. En el plano de la educación superior la situación es similar. Dos meses lleva discutiéndose en la Cámara de Diputados un proyecto que sólo ha levantado críticas y que ha llevado al Ejecutivo a anunciar la presentación de indicaciones, aunque lo prudente sería poner pausa y presentar uno nuevo que, sustentándose en el resguardo a la autonomía y diversidad, cuente con mayor respaldo.

A lo anterior hay que agregar que por segundo año consecutivo se discutirá en la ley de presupuestos la gratuidad en la educación superior, lo que llevará a replicar el debate respecto de la idoneidad del instrumento para impulsar una política de esa magnitud. Se ha anunciado que este año se incorporarán los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), pero sujetos a la condición (entre otras) que no tengan fines de lucro, lo que como se verá más adelante trae otras dificultades.

Nuestra legislación autoriza expresamente a los IP y CFT para constituirse como sociedades comerciales y no hay evidencia que indique que esa forma de organización afecte la calidad. Recordemos que el 88% de la matrícula de CFT e IP asiste a instituciones acreditadas. De ellos, el 77% está matriculado en instituciones con fines de lucro y el 23% en establecimientos sin fines de lucro, mientras que el total de alumnos que asiste a la educación superior técnico profesional representa aproximadamente un 45% de la matrícula del sistema.

No obstante, sin echar mano a ningún dato concreto, el gobierno ha determinado que ninguna de sus políticas de financiamiento debiesen beneficiar a estudiantes que asistan a instituciones con fines de lucro, y por lo tanto se ha propuesto forzar cambios en la organización jurídica y económica de las instituciones organizadas como sociedades comerciales, a un alto costo y sin ningún beneficio conocido. Luego de cuatro meses de inactividad parlamentaria, el Ejecutivo ha optado por ponerle discusión inmediata al proyecto de ley que permite la referida transformación.

Al igual que en el resto de la reforma, este proyecto no cuenta con el respaldo necesario y tiene serios problemas cuya solución el gobierno se ha negado a abordar. Si bien se señala que la transformación es voluntaria para las instituciones y que sólo se trata de un requisito para acceder a fondos públicos, atendida la composición socioeconómica de sus alumnos no tienen más alternativa que cambiar si pretenden seguir siendo una opción real para los jóvenes de menores ingresos. Lo grave es que el proyecto de ley que deberá despachar el Senado próximamente semana no establece ningún mecanismo de compensación para los dueños, quienes bajo presión se verán obligados a tomar una decisión que los lleva a perder todo su patrimonio invertido legítimamente. En síntesis, lo que se les pide es que demuestren su vocación abandonando su patrimonio, en una especie de instrucción mesiánica que se traduce en un “deja todo y sígueme”.

Considerando que la educación técnica es la que concentra el mayor número de alumnos vulnerables, la marginación de un número importante de ellos de beneficios estatales como la gratuidad por el sólo hecho de asistir a instituciones que, de conformidad a la ley, pueden retirar utilidades choca con las normas constitucionales que aseguran la no discriminación arbitraria. El último fallo del Tribunal Constitucional sobre gratuidad en la glosa presupuestaria da luces sobre esta materia.

Leer columna en El Mercurio.